Esta fue una de las cuestiones tratadas este lunes en la XXV sesión ordinaria anual del Consejo de la CEJ, que estuvo presidida por la ministra de Justicia, Pilar Llop, de cuyo departamento depende este organismo.

Según informó Justicia, en esta reunión de la dirección de la CEJ se presentó y aprobó la memoria de actividad y la ejecución presupuestaria del centro durante 2021; el proyecto de presupuestos para 2022; los próximos planes anuales de formación; y el plan de actuación para este año.

Una de las novedades para el presente ejercicio será que el CEJ gestionará un programa de becas para la preparación de oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado, uno de los principales proyectos del Ministerio de Justicia en esta legislatura. La iniciativa permitirá ofertar un total de 245 becas por un importe máximo de más de 1,6 millones de euros.

“INSTITUCIÓN DE REFERENCIA”

En el plano formativo para 2022, destacan la vuelta de la actividad formativa presencial, tras la suspensión impuesta en 2020 y 2021 por la pandemia, que se combinará con la oferta formativa ‘online’; y la formación en igualdad, inclusión y para lucha contra la violencia de género, a la que se prestará especial atención.

Así, por ejemplo, se llevará a cabo la primera edición de un curso de experto universitario en igualdad y lucha contra la violencia contra las mujeres que el CEJ está elaborando junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El CEJ tiene previsto organizar en 2022 un máximo de tres cursos selectivos para el acceso a la carrera fiscal, al cuerpo de facultativos y, en función del desarrollo de la convocatoria, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, además de nueve cursos de especialización de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, que llegarán a cerca de 2.000 personas.

También contempla 130 actividades de formación continua específicas para los cuerpos de funcionarios que se forman en el Centro. Junto a ellas, destaca la aprobación, por primera vez, de un plan de formación transversal basado en competencias comunes para todos los cuerpos de Justicia, que recupera y amplía a todo el territorio del Estado la formación en idiomas extranjeros y derechos civiles autonómicos y forales. En total, se ofertarán más de 28.000 plazas.

“El objetivo de todos estos proyectos es convertir el CEJ en una institución de referencia en el ámbito de la formación de personal público”, aseguró la directora del organismo, Abigail Fernández. También anunció la contratación de una oficina de transformación pedagógica para trabajar en la definición y ejecución de una estrategia de aprendizaje dirigida a la adquisición efectiva de las competencias que deben ostentar los cuerpos de funcionarios de Justicia.