Hernando presentó por escrito el pasado martes su petición de abstención, alegando que en su anterior condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) subscribió y votó a favor en el año 2005 de un informe totalmente contrario al matrimonio homosexual.

El Constitucional, a través de un auto dictado hoy, señala que la causa de abstención es “justificada”. La resolución señala que la intervención decisiva de Hernando en el informe contra el matrimonio de personas del mismo sexo emitido por el CGPJ el 26 de enero de 2005 –y que fue elaborado sin previa petición del Gobierno- se integra dentro de las causas de abstención fijados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Los magistrados del TC han tomado esta decisión en la reunión que arrancó a las 10.00 horas de esta mañana, que estuvo encabezada por el presidente de la institución, Pascual Sala, y que se celebró sin la presencia de Hernando.

RETRASO EN LA DECISIÓN

Las fuentes del Constitucional consultadas por Servimedia señalaron que, si bien la ponencia de sentencia, elaborada por Pablo Pérez Tremps, ya ha sido repartida al resto de magistrados, el caso todavía no ha sido debatido. Tras la celebración de tres plenos esta semana, se espera que no haya nuevas reuniones hasta el 17 de julio.

Todo parece indicar, por lo tanto, que los actuales magistrados no van a tener tiempo suficiente para deliberar y dictar sentencia sobre el recurso presentado por el PP.

Se espera que los nuevos cuatro magistrados tomen posesión de sus cargos a lo largo de este mes.

Será previsiblemente un Constitucional formado por los cuatro candidatos que -Juan José González Rivas y Andrés Ollero, por el PP, y Fernando Valdés y Encarnación Roca i Trias por el PSOE- junto con los antiguos que permanecen en el cargo el que decidirá si el matrimonio entre personas del mismo sexo vulnerá o no la Constitución.

Los populares decidieron recurrir esta reforma legal al entender que el matrimonio entre personas del mismo sexo vulnera siete preceptos de la Constitución, principalmente el artículo 32, que consagra la “garantía institucional del matrimonio”. El Tribunal Constitucional, presidido en aquella época por Maria Emilia Casas, admitió a trámite el recurso del PP en octubre de 2005.