El Gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, en la que se contempla un recorte del 15% en la prestación económica a cuidadores familiares, además de la revisión de su régimen de cotización a la Seguridad Social, el endurecimiento de los requisitos para acceder a las ayudas y la elevación del copago mediante la introducción del patrimonio en el cálculo de la capacidad económica de usuarios.

Ante esto, la presidenta de UNAF, Julia Pérez Correa, indicó en un comunicado que “en España, la mayor parte de las familias no pueden acceder a servicios profesionales del cuidado por la insuficiente cobertura pública y el alto coste de los servicios privados, por lo que son los propios familiares quienes deben encargarse de esta tarea, llegando a alcanzar los 180.000. Por tanto, reducir las prestaciones a estas personas cuidadoras y obstaculizar el acceso a las ayudas es una medida irresponsable que agrava aún más la difícil situación que atraviesan las familias en medio de esta crisis y, en especial, la de aquellas con menos apoyo y recursos económicos”.

UNAF también criticó los “intentos de justificación” de las medidas bajo argumentos de profesionalización del cuidado o de colapso del sistema de dependencia. “Todos sabemos que lo único que se busca son excusas para poder llevar a cabo los recortes en derechos sociales y económicos”, indicó.

Correa aprovechó para recordar que la Ley de Dependencia ha permitido atender a más de 700.000 personas dependientes. Por ello, considera “inaudito que se estén presentando estas medidas como una mejora de servicios sociales cuando en realidad se está retirando el apoyo a la dependencia en nuestros servicios sociales y dejando a tantas familias sin ninguna alternativa ni salida posible para cubrir sus necesidades más básicas”.