En su intervención en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, la ministra señaló que, frente al superávit de más de 35.000 millones de euros registrado por el sistema de protección por desempleo entre 1999 y 2008, en los últimos tres años ha sufrido un saldo negativo de más de 32.000 millones.

Para Báñez, esta situación suponía una "deriva insostenible", por lo que el Gobierno se ha visto obligado a "rectificar" el sistema de protección con "profundos cambios" en las políticas activas y pasivas de empleo, algo "imprescindible para la viabilidad del futuro del sistema de protección".

También alertó de que la sostenibilidad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) "está en riesgo", lo que justifica las medidas del Gobierno para "ajustar el gasto".

En su opinión, si el Ejecutivo adoptara una postura "inmovilista" se iría a una "situación no deseable".

Por otro lado, la ministra apuntó que el recorte en la cuantía de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes de percepción afectará a "sólo" el 55% de los nuevos parados, ya que el resto "están afectados por topes máximos o mínimos" o no llegan a los seis meses de percepción del paro, ya sea por que tienen un derecho reconocido de duración inferior o por encontrar antes un empleo.

Así, Báñez abogó por no crear "alarmismos" con esta medida ya que, según explicó, "como mucho" los nuevos afectados por esta medida serán "12.500 personas al mes".

En este sentido, subrayó que con estas medidas ninguno de los más de cinco millones de parados que hay en la actualidad "cobrará menos", ya que "solo cambiará la situación de los nuevos beneficiarios".

"MEDIDAS IMPRESCINDIBLES"

La ministra aseguró que estas medidas se podrían "haber evitado" si el anterior Gobierno hubiera tomado las decisiones oportunas, pero añadió que ahora son "imprescindibles".

Por otro lado, destacó una vez más que las medidas aprobadas por el Ejecutivo muestran la "sensibilidad social necesaria" a la hora de "regular recursos". Así, insistió en que las medidas están "cuidadosamente diseñadas y seleccionadas".

Sobre las movilizaciones de parte de la sociedad, Báñez aseguró que el Ejecutivo "entiende y escucha las reivindicaciones" y defendió que "no se muestra insensible con las preocupaciones" de la ciudadanía, algo que, en su opinión, sí que "pudo pasar con anterioridad". También aseguró que el Gobierno "quiere siempre decir la verdad".

Báñez apuntó que las medidas aprobadas el 13 de julio tienen como objetivo lograr un "ajuste presupuestario que sea compatible con la protección de las situaciones de pérdida de empleo", así como "facilitar el retorno a la ocupación"; establecer un sistema de políticas activas y pasivas de empleo que "propicien el envejecimiento activo" eliminando incentivos a la jubilación anticipada; "reforzar el sistema de políticas activas de empleo en función del principio de efectividad; y "racionalizar el sistema en su totalidad para dotarlo de una mayor coherencia interna".

En materia de pensiones, la ministra apuntó que la rebaja de cotizaciones sociales se compensará con el incremento en "más de 6.700 millones" de las aportaciones del Estado, lo que supone un "avance en la separación de fuentes de financiación".

Por último, se refirió a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2012-2015 que el Ejecutivo presentará en el Congreso a partir de septiembre y que supondrá una "apuesta clara por los jóvenes y el emprendimiento".

También explicó que esta estrategia estará cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

"MÁS RECESIÓN"

En el turno de palabra de los partidos de la oposición, la portavoz del PSOE en la Comisión, María Concepción Gutierrez, denunció que las medidas aprobadas por el Ejecutivo "profundizan en la recesión y supondrán la destrucción de cientos de miles de empleo".

La también diputada socialista Isabel López i Chamosa criticó que las palabras de la ministra no se compadecen con las medidas adoptadas, en las que, en su opinión, el Ejecutivo está "metiendo mucha ideología".

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, denunció que el conjunto de medidas que está adoptando el Gobierno son "profundamente incoherentes" y no propiciarán la recuperación de la economía.

Por parte del PNV, Emilio Olabarría, afirmó que "la economía española está intervenida" y aseveró que las medidas impuestas por Europa no se centran sólo en el sector financiero, sino que también se extiende a otros sectores como el mercado laboral o las pensiones.

Uxue Barkos de Geroa Bai criticó que es de una "enorme gravedad" que el Gobierno haya "tocado las prestaciones por desempleo", y añadió que es una medida "suficientemente importante" como para no haberla aprobado por un real decreto.

El diputado del grupo parlamentario La Izquierda Plural Ricardo Sixto Iglesias arremetió contra la política económica que está siguiendo el Gobierno que "no ha dado frutos en ningún país".

Por último, Sabino Cuadra de Amaiur criticó a la ministra por hablar del diálogo social pero no ponerlo en práctica y preguntó a Báñez cuántas veces se ha reunido en los últimos cuatro meses con los representantes de los agentes sociales.