Juan Ramón Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de Cesida, señaló que "retirar la tarjeta sanitaria es una medida que incrementa el riesgo de exclusión social y las desigualdades en salud".

Además, dijo que la orden que está preparando el Gobierno de Mariano Rajoy para que los inmigrantes en situación irregular que quieran ser atendidos en hospitales y centros de salud públicos tengan que pagar una cantidad mensual es "un parche inasumible para muchas personas, que supone un paso más hacia la privatización de la sanidad pública".

Según Barrios, esta decisión provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias, incrementando los ingresos hospitalarios y la presión asistencial y generando en consecuencia mayor gasto sanitario.

Cesida indicó que los inmigrantes irregulares con VIH que a partir de septiembre no tengan la tarjeta sanitaria carecerán de acceso a los medicamentos antirretrovirales, lo que implicará un deterioro de la salud comunitaria y una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, que conllevará un serio problema de salud pública.

Asimismo, subrayó que esta medida es "una violación de los derechos humanos y contraviene lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Española, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud".