En su intervención en la los “Desayunos Autonómicos” organizados por el diario La Razón, Cospedal se mostró sorpendida porque aquellos que son, a su juicio, “en una parte muy importante” responsables de la actual situación, sean a su vez los primeros en abanderar la “reclamación de derechos” que ni ellos mismos pagaban.

La número dos del PP afirmó que en la comunidad que preside tanto empresarios como sindicatos y otras organizaciones sectoriales han comprendido que “la cultura de la subvención por la subvención ya no es posible”, y por ello abogó por establecer unos servicios y prestaciones sociales básicas “sostenibles en el tiempo” y se puedan “ pagar entre todos”.

Esto le sirvió como eje para afirmar que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado medidas que “no son populares, que a veces son antipáticas y que no figuraban en nuestro programa electoral”. Pese a ello, para Cospedal las actuaciones del presidente son “necesarias”.

La presidenta castellanomanchega defendió su gestión y aseguró que va a “cumplir el objetivo de déficit” del 1,5% porque tienen “obligación” pero también “compromiso y voluntad” de hacerlo. Reconoció que ya ha realizado algunos ajustes pero que todavía quedan más por acometer.

En este punto defendió sus polémicas medidas de reducir a la mitad el Parlamento autonómico y quitar el sueldo a los diputados, dejando así la dedicación a esta actividad a quien quiera hacerlo por vocación y de un modo altruista. No descartó que su comunidad acuda al mecanismo de rescate "si hace falta", como ya hicieron con el fondo para pagar a proveedores, y aseguró que "no pasará nada".

Castilla-La Mancha era la comunidad con el déficit más elevado del Estado, un 7,5% y por ello la que más tiene que recortar, situación que, en varios momentos, Cospedal utilizó para justificar sus medidas recurriendo así a la herencia recibida del anterior Gobierno socialista.

La dirigente del PP aseguró que el “dique de contención” lo tiene puesto en los servicios sociales básicos, principalmente en la sanidad y educación públicas, y añadió que ha hecho unos “ajustes muy importantes en todo”.

Este año el presupuesto descendió un 20%, los castellanomanchegos ya no tienen Defensor del Pueblo autonómico, tampoco un Tribunal de Defensa de la Competencia ni un Consejo Económico y Social. Además, a final del año sólo quedará una empresa pública y dos fundaciones instrumentales.

La presidenta destacó que también ha reducido a la mitad los altos cargos y los puestos de libre designación. Redujo el salario de los funcionarios públicos pero también eliminó la paga extra del Gobierno autonómico.

Cospedal se mostró satisfecha porque, a pesar de la situación de la que partía en la carrera por logar cumplir el déficit fijado, el Ministerio de Economía al analizar la situación del primer semestre ha situado a Castilla-La Mancha en el 0,7%.

El trabajo ha sido “muy ingrato, muy duro y muy poco popular” por el esfuerzo llevado a cabo, pero ella se siente respaldada porque cree que “los ciudadanos agradecen al político que toma decisiones, aunque a veces no sean las más populares”, y le da igual que le digan que se juega las próximas elecciones.

Cospedal se mostró partidaria de combinar la política de austeridad con medidas de incentivos para volver a crecer y crear empleo. Confía en la política con mayúsculas y considera que no se puede fiar todo a los tecnócratas, anque estos pueden ayudar. Se definió a ella misma y a su equipo gobierno como los “consejeros delegados” de una “gran empresa” llamada Castilla-La Mancha.