FAES presentó esta tarde en Barcelona el informe 'El mito fiscal. Razones para un debate' que han elaborado Gabriel Elorriaga, diputado del PP; Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico; los profesores universitarios Juan José Rubio Guerrero y Santiago Álvarez García; y el director del Centro de Estudios Economía de Madrid de la Universidad Rey Juan Carlos, Pascual Fernández.

En el documento, FAES aboga por promover un verdadero "debate técnico, abierto y ortodoxo" sobre la situación financiera y fiscal de Cataluña "que permitiera fijar criterios razonables, que no fueran tan discutibles e inasumibles desde el punto de vista técnico y para la opinión pública".

Los autores critican que la Generalitat de Cataluña demande un nuevo pacto fiscal cuando todos los sistemas de financiación autonómica aplicados en España han contado con el visto bueno de los distintos gobiernos autonómicos de esta comunidad.

COSTE SOCIAL Y ECONÓMICO ELEVADO

Los profesores Juan José Rubio Guerrero y Santiago Álvarez García enumeran en el informe un sinfín de razones que desaconsejan que Cataluña obtenga un pacto fiscal que le permita recaudar impuestos o elegir su nivel de solidaridad con el Estado.

Afirman que "lo sensato sería replantear el esquema de demandas dentro de la Constitución y las leyes, buscando una solución al problema financiero catalán" porque "cualquier otra solución conduciría a un callejón sin salida institucional y a un empobrecimiento tanto de Cataluña como del resto de España".

Alertan de que el pacto fiscal "supondría una merma importante en los recursos del Estado para desarrollar políticas de equilibrio interterritorial y de desarrollo armónico del conjunto de las comunidades autónomas".

Si Cataluña tuviera la capacidad de decidir el montante de recursos que destinan a la solidaridad interterritorial, denuncian que estaría "asumiendo de facto una competencia exclusiva del Estado", por lo que violaría la propia Constitución de 1978.

Además, "aumentarían las desigualdades interregionales en financiación, lo que resulta contrario al artículo 138 de la Constitución, que señala que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2".

Los profesores Rubio Guerrero y Álvarez García advierten de que la demanda catalana atentaría igualmente contra la normativa comunitaria porque "la Unión Europea impide la descentralización de competencias normativas en los casos del IVA y de los Impuestos Especiales de Fabricación".

Una Cataluña con un sistema independiente de financiación provocaría "una Administración central muy debilitada e incapaz de cumplir sus funciones básicas, incluyendo la redistribución de renta y riqueza tanto a nivel personal como regional".

La comunidad conseguiría "una capacidad que sería incluso superior a la que ahora mismo tienen las comunidades forales" como el País Vasco y Navarra, por encima del trato equitativo que ahora reclama.

El principio de igualdad entre españoles se rompería también porque el pacto fiscal "provocaría que Cataluña tuviera impuestos diferentes a los del resto de España, con los problemas consiguientes de competencia fiscal desleal".

Con todos estos argumentos, los autores sentencian que la pretensión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, constituye "una deslealtad hacia las demás regiones y con el Estado en su conjunto, una ruptura del principio de solidaridad y el comienzo de una aventura que puede conllevar un coste, tanto económico como social, muy elevado".

NO HAY DISCRIMINACIÓN

Por su parte, Ángel de la Fuente niega que Cataluña esté más discriminada que otras regiones similares de países desarrollados de la Unión Europea "porque ni el sistema impositivo y de protección social español ni nuestro modelo de financiación territorial difieren de los existentes en los países de nuestro entorno de una forma que haga presagiar un especial maltrato fiscal a Cataluña en particular o a nuestras regiones más ricas en general".

Asegura que Cataluña "encaja perfectamente en el patrón de redistribución territorial que se observa en Estados Unidos" y descarta igualmente que "el saldo fiscal catalán pueda ser muy inferior al que presentan las regiones ricas de los países de Europa continental".

"Controlando por renta per cápita y por el tamaño del sector público, el déficit fiscal catalán no parece ser especialmente elevado. Todo apunta a que en el caso de las regiones relativamente ricas de los países avanzados, Cataluña seguramente está más cerca de la regla que de la excepción. Su déficit fiscal no es por tanto un cisne negro, sino un bicho mucho más fácil de encontrar: un vulgar pollo del montón", proclama.

OPORTUNISMO DE ARTUR MAS

El diputado del PP Gabriel Elorriaga defiende la solidaridad económica entre territorios dado que el artículo 31 de la Constitución establece claramente "la progresividad del sistema impositivo y la necesidad de una asignación equitativa de recursos públicos".

A su juicio, "la Constitución expresamente quiere abordar la solidaridad tanto desde la perspectiva subjetiva como desde la territorial" y por eso arremete contra el "juego profundamente irresponsable" del nacionalismo catalán.

Elorriaga critica que "el oportunismo y la inmediatez se han impuesto a la coherencia y a la prudencia, y los resultados no pueden ser más desastrosos" a la vista de la deriva independentista.

"Pero lo que ningún Gobierno debería hacer nunca, cualquiera que sea su signo político, es dar cauce, y menos aún satisfacción, a las demandas que tan solo buscan la disgregación del Estado y, en definitiva, la desintegración nacional de España".