Percibido como el primer crimen racista de la democracia en España, esta muerte hizo saltar las alarmas respecto a un fenómeno desconocido hasta entonces, cuyas causas “aún no han sido superadas”. Así lo apuntó la ONG, que pidió al Gobierno “impulsar acciones decididas contra el racismo y la xenofobia y animó a la ciudadanía a movilizarse contra estas actitudes.

Entre otras iniciativas, exigió el cierre inmediato de todas las páginas web que hacen apología del racismo, e instó a aplicar el artículo 510 del Código Penal y castigar así a todo el que a través de Internet fomente los crímenes de odio y la violencia racista.

Asimismo, reclamó la ilegalización de todos aquellos partidos políticos y asociaciones con fines racistas y exigió perseguir cualquier actividad encaminada a difundir este mensaje.

Por último, la ONG apostó por crear unidades especializadas en la policía, mejorar la formación de los agentes judiciales y policiales, impulsar fiscalías específicas en todo el Estado y poner en marcha planes integrales contra la intolerancia que abarquen los distintos ámbitos relacionados con el problema (sensibilización, reformas legales, medidas de apoyo a las víctimas, entre otros).