En un comunicado, ambas entidades reclaman públicamente a la nueva dirección del ente aragonés, tras conocer la destitución de su director gerente, que "recapacite su postura y muestre una mayor sensibilidad" hacia el colectivo de personas sordas que garantice el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.

La eliminación de la subvención al servicio de intérpretes deja desasistidas a cerca de 7.000 personas sordas censadas en la región en su derecho a una comunicación e información sin barreras regulado por la Ley 27/2007, según indican.

Además, podría obligar al cierre de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, entidad referente, señala el comunicado, para las personas sordas en esta comunidad desde su fundación en 1932.

La subvención hecha pública para este año que se destina a la Asza es de 39.174 euros (de los cuales no se contempla ninguna partida para cubrir el servicio de intérpretes) lo que supone una reducción del 88,6% respecto al anterior año, cuya subvención fue de 345.000 euros.

Hasta el momento, la dirección de Asza cuantifica que los servicios de intérpretes y de atención integral a la persona sorda realizados en lo que va de año y no sufragados por el Iass, ascienden a 150.000 euros, cantidad que ahora debe hacer frente sin ningún respaldo económico, lo que sitúa a Asza en una tesitura económica "muy seria", según denuncia esta organización.

Un posible cierre de Asza no solo supondría, añade, la interrupción de los servicios de intérpretes que se prestan en el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), en el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) o en los centros educativos como apoyo al alumnado sordo, sino que también pondría en riesgo otros servicios como el de atención psicosocial, dinamización sociocultural, intermediación laboral para personas sordas y atención a familias, entre otros.

Esta situación económica impediría que Asza se presente a la próxima convocatoria del Iass para gestionar el servicio de intérpretes que entraría en vigor a partir de enero del 2013, y que contará con importantes restricciones, reduciendo el ámbito de actuación de los intérpretes a la mera gestión de determinados trámites con la administración, según denuncia.

Asimismo, apunta que estas restricciones afectarían a la cobertura de servicios de intérpretes en la atención sanitaria especializada (limitándose sólo a Atención Primaria), servicios del ámbito educativo, ningún tipo de medicina privada o servicios notariales.

Según estas organizaciones, las personas sordas de Aragón que actualmente están en tratamiento oncológico dejarían de contar con un intérprete para conocer la evolución de su enfermedad, aquellas que deben someterse a una intervención quirúrgica desconocerían el alcance de la operación y sus efectos y los padres y madres sordos no podrían asistir a las tutorías de sus hijos e hijas.

En este sentido, la Cnse y Asza alertan de que con la supresión de estas ayudas, no solo se están vulnerando los derechos de las personas sordas, sino que se les está abocando a una clara situación de exclusión social. “La accesibilidad a la comunicación y la información no es un capricho, es una necesidad básica para cualquier persona” manifestaron.