En un comunicado, criticaron la ausencia del concepto “violencia de género” en el anteproyecto, que de manera explícita "introdujo la ley integral”, y lamentaron que el nuevo texto sí recoja, en cambio, la figura de la mediación como nueva medida para condicionar la suspensión de la ejecución de la pena.

A su juicio, “el ejercicio de la mediación en esta casuística pone en riesgo a la víctima al tiempo que minimiza la acción violenta del maltratador”.

La Ley de Violencia de Género vigente recoge expresamente que ninguna pena de prisión puede ser sustituida por una pena de multa, prosiguieron, y, sin embargo, añadieron que en el anteproyecto del Código Penal sí se contempla esta posibilidad.

Ello hará “que aumente la impresión generalizada sobre la impunidad de los agresores y además puede terminar recayendo sobre las propias víctimas en supuestos de dependencia económica”, agregaron.

Asimismo, las organizaciones indicaron que resulta “muy contradictorio” que “se utilice esta benignidad en las penas que afectan de forma especial a las mujeres, mientras que para otras cuestiones se pide la imposición de la cadena perpetua”.

Este nuevo texto incluye también que ya no es de obligado cumplimiento que el juez de instrucción inicie un proceso judicial por un parte médico de lesiones de menor gravedad, siendo necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. “Si la decisión última de denunciar recae en las víctimas, volvemos a relegar la violencia de género al ámbito privado”, concluyeron.