El representante del Ministerio Público le imputa un delito contra la ordenación del territorio, lo mismo que a la mercantil Desguaces La Torre S.A., y otro de desobediencia. En concepto de responsabilidad civil exige “la demolición completa de las construcciones a cargo de los acusados”.

Según la Fiscalía, el acusado es dueño y administrador único de la mercantil Desguaces La Torre S.A., dedicada al desguace de vehículos, “aunque en el Registro Mercantil consta que su objeto es la promoción inmobiliaria”. Detalla, además, que la sede física de la empresa se encuentra en el municipio de Torrejón de la Calzada desde el 14 de enero de 1986, cuando se le concedió licencia a la mercantil para instalar la actividad de desguace de vehículos y otros sin maquinaria.

El escrito de acusación recoge que dentro de las actividades que realizaba la empresa, L. M. R. G. comenzó un proceso de compra, a nombre de la mercantil, de parcelas próximas a sus instalaciones en dicho municipio “con la intención de realizar una ampliación de las mismas y una diversificación de las actividades”.

En concreto, entre 2009 y 2011 adquirió 24 parcelas del polígono 1 de Torrejón de la Calzada, “clasificadas como suelo no urbanizable protegido por su interés edafológico y agrícola, al que afecta también protección arqueológica, con unas dimensiones aproximadas de 25 hectáreas”.

A partir de entonces comenzó a realizar actuaciones de transformación del uso del suelo “mediante el acometimiento de explanaciones del terreno y movimiento de tierras y el levantamiento de un vallado fijo de hormigón” amparándose, siempre según la Fiscalía, en una solicitud de licencia de obra menor presentada el 15 de marzo de 2010 cuya concesión se denegó por el Ayuntamiento a los pocos días por ser incompatible lo solicitado con el planeamiento vigente.

Un año más tarde, en concreto en septiembre de 2011, el acusado volvió a solicitar las mismas autorizaciones que, por segunda vez, le fueron denegadas y donde se le requería que suspendiera la progresión de las obras. L. M. R. G., “perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra del planeamiento vigente”, no detuvo la progresión de las obras. Es más, continuaron “al menos” hasta 2016.

Durante este espacio de tiempo ejecutó un cerramiento perimetral en hormigón de hasta 3 metros de altura, movimientos de tierras y explanaciones, elevación de una nave principal y varias auxiliares, hormigonado de tres campas, viarios consistentes en calles con aceras, encauzamiento de arroyos pertenecientes al dominio público hidraúlico, afectando incluso a la zona de policía de la línea de alta tensión de Morada-Moraleja y Moratalla-Villaviciosa.

Todas las actuaciones llevadas a cabo por el acusado y la mercantil fueron realizadas de forma “clandestina”, sin ningún tipo de autorización ni de respaldo legal. La zona afectada, unas 25 hectáreas, sufrió una transformación “radical” y “permanente del terreno”. Y es que el acusado optó por actuar por la vía de hecho, “con la esperanza de que tales actuaciones (…), en un futuro fuesen legalizadas, no mediante la concesión de las correspondientes autorizaciones en el marco de la legislación vigente, sino mediante un cambio de la normativa vigente, del planeamiento y las Normas Subsidiarias aplicables en el municipio, que pudiese amparar lo que ha ido realizando, dado que con la normativa vigente no son legalizables”. El juicio comenzará el próximo martes en la Sección 15ª de la audiencia Provincial de Madrid.