Campo se pronunció sobre este asunto en un encuentro informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde señaló que “una ley orgánica hace falta cuando estamos regulando derechos fundamentales, pero no cuando estamos hablando de cuestiones técnicas o instrumentales”, en referencia al sistema de escuchas.

Añadió que “la Constitución es clara y rotunda” en que una intervención telefónica “lo que necesita es una autorización judicial”. Añadió que Sitel es un “instrumento técnico”, que “no necesita, creo que es obvio, de una ley orgánica”.

No obstante, sí habló de que el sistema de escuchas debe contar con “una regulación detallada” que permita llevar a cabo la intervención telefónica “con todos los requisitos” que establecen las leyes. Apuntó, en este sentido, que considera que en estos momentos la judicatura y el marco legal le llevan a tener “absoluta tranquilidad” respecto a Sitel.

Insistió, respecto a la demanda del PP de que Sitel cuente con una ley orgánica, que es como pedir que el traslado de reclusos a un centro penitenciario tenga una regulación superior por el hecho de que la situación de los presos tenga que ver con derechos fundamentales.

Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y presente en el encuentro informativo, se refirió a que “el problema no es el mecanismo (por Sitel), sino la utilización que se hace del mismo”.

Además, Carnicer se quejó de que con la traslación pública que se está haciendo de ciertos procesos judiciales se esté produciendo de hecho la “abolición” de derechos fundamentales, como lo que se refiere a la presunción de inocencia.