Según informa la organización, Nuclenor ha manifestado que el cierre adelantado de Garoña obedece a esta razón, y esto incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a la empresa a la quiebra.

"No es función del Gobierno velar por los beneficios empresariales de esta industria, perjudicando con ello los intereses generales", declara Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Asimismo, la organización ecologista denuncia la "prepotencia" de la compañía al afirmar que el cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertiese si no se acabase promulgando la Ley.

Greenpeace destaca que ha quedado demostrado que la central de Garoña es "absolutamente prescindible", ya que dejó de funcionar y el sistema eléctrico ni se inmutó.

Finalmente, la organización ecologista señala que la reforma energética que se necesita debe evitar estos chantajes, para lo cual es necesario que se termine con el oligopolio del mercado eléctrico y se separe la generación, distribución y comercialización eléctricas.

A su juicio, también es preciso que las tarifas cubran todos los costes, incluidos los ambientales, para dejar de seguir incrementando el déficit de tarifa, que se impidan las compensaciones a las compañías eléctricas y que el modelo energético que se persiga sea un modelo inteligente, eficiente y 100% renovable.