Según informó la Policía, los estafadores contactaban con los perjudicados para comunicarles que había compradores interesados en sus derechos de uso de los inmuebles. Sin embargo, una vez que estos se hacían cargo de los gastos de los trámites de la compraventa, tanto los compradores como los intermediarios desaparecían con el dinero empleado por las víctimas para las supuestas transacciones.

Además, otros miembros del grupo engañaban nuevamente a sus víctimas haciéndose pasar por abogados que simulaban litigar con las empresas que les habían defraudado anteriormente.

La investigación se inició tras recibirse por parte del Consejo General del Notariado diferentes comunicaciones en las que se le informaba de varias actuaciones fraudulentas. En los documentos se reflejaba que esta actividad ilícita era llevada a cabo por personas desconocidas que usurpaban el nombre de notarías españolas.

Las primeras investigaciones realizadas culminaron en un operativo que permitió detener el pasado mes de junio a siete personas vinculadas con esta actividad ilícita. La abundante información obtenida entonces permitió identificar a nuevos miembros de la organización y tener acceso a nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos procedentes de la estafa. También se determinó la existencia de ramificaciones de la banda en la Costa del Sol.

La organización internacional se dedicaba a la utilización de listados o bases de datos de titulares de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles, conocido como multipropiedad o "time-sharing" con fines defraudatorios.

Los listados eran generalmente sustraídos por empleados desleales de las compañías dedicadas a la explotación de este tipo de productos. De ese modo, estos datos les permitían a los detenidos contactar con los titulares de los derechos inmobiliarios.

Los estafadores se hacían pasar por mediadores en la operación y les hacían creer que existía un comprador. Cuando las víctimas habían aceptado la propuesta, comenzaban a intercambiar diversa documentación con ellas en las que les hacían creer que eran los presuntos compradores, e incluso los abogados y notarios que garantizaban que la venta estaba cerrada formalmente.

Los ahora arrestados ponían en conocimiento de los perjudicados que el dinero ofertado ya estaba a su disposición, si bien antes tenían que cumplir los trámites administrativos de liquidación de derechos, tasas, impuestos, etc. Todos estos gastos eran inventados. Una vez que se realizaba el pago, los intermediarios desaparecían y la operación no se producía.