La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, registró tres iniciativas parlamentarias de las que anunció el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en rueda de prensa el domingo.

En primer lugar, la creación “inmediata” de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal del Gobierno, para conocer su resultado y si el ex tesorero del PP Luis Bárcenas se acogió a ella mediante cualquier procedimiento.

También una proposición no de ley para que la Agencia Tributaria ponga a disposición de los inspectores todos los expedientes de los defraudadores que se acogieron a esa amnistía.

Finalmente, una proposición de ley para modificar la Ley General Tributaria y que entre las excepciones para la reserva de los datos tributarios estén los referidos a personas que se hayan acogido a procesos especiales de regularización.

En su iniciativa, dan un plazo de quince días al Gobierno para hacer públicos los datos de las personas físicas o jurídicas que se acogieran a la amnistía fiscal.

Soraya Rodríguez explicó que el PSOE tiene “serias sospechas” de que el Gobierno fue “adaptando” ese procedimiento a las “exigencias” de los defraudadores en tres sentidos: “más ventajas, más seguridad, e impunidad”.

Creen que los defraudadores pidieron “tributar menos” por lo declarado y que el Gobierno cedió permitiendo que lo hicieran no por el capital aflorado sino solo por el rendimiento, por lo que el tipo no habría sido el 10% sino “entre el 1 y el 2%”.

Sospechan que reclamaron también mayor seguridad y por ello el Gobierno permitió que sus expedientes no llegaran a los inspectores, que no pueden investigar el origen de los fondos aflorados.

En ese sentido, reclaman que los inspectores puedan investigar uno por uno esos expedientes y, en caso de apreciar “dudas razonables” de procedencia ilícita del dinero, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Finalmente, los socialistas creen que los defraudadores exigieron impunidad, y por eso el Gobierno modificó el Código Penal para hacer posible la tesis “si pagas, desaparece el delito”.

Tras exponer todas esas “dudas razonables”, los socialistas denuncian “el silencio” del Gobierno y, especialmente, del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuyas comparecencias reclamarán ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Con todo ello, Soraya Rodríguez aseguró que ya “no es momento de auditorías encargadas por el PP” sino que es el Congreso de los Diputados quien debe investigar lo sucedido con Bárcenas y saber además “cuántos más Bárcenas” se pueden haber acogido a la amnistía fiscal.