En un comunicado, Accem instó también al Ejecutivo a garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos de Mali que vivan en España y a facilitar el acceso a “la figura jurídica de la protección subsidiaria a aquellos que no reúnan los requisitos establecidos para el reconocimiento del estatuto de refugiado, pero cuyo retorno suponga graves riesgos para su vida e integridad”.

Asimismo, Accem exigió que la Oficina de Asilo y Refugio disponga de “los medios necesarios para dar cobertura de forma ágil y eficaz a las solicitudes de ciudadanos malienses y para garantizar el acceso a los mecanismos de protección internacional a todos aquellos que lo soliciten, en cualquier punto del territorio español”.

La ONG mostró su preocupación ante el incremento de la violencia y del número de desplazados en Mali, situación que se ha visto agravada desde el recrudecimiento de la guerra tras la intervención de Francia en apoyo del Gobierno maliense.

Desde el golpe de Estado islamista hace un año, al menos 229.000 personas se han visto desplazadas dentro de las fronteras de Mali, mientras que 147.000 han buscado refugio en los países vecinos. La mayoría se encuentran en Mauritania (55.000 personas), Níger (53.000) y Burkina Faso (39.000).

La estricta aplicación de la Sharia, la ofensiva aérea y la destrucción de los pocos medios de subsistencia han incrementado el éxodo de refugiados procedentes del norte de Mali en los últimos días, motivo por el que Accem apela a la solidaridad de los gobiernos occidentales como el español.