Torres-Dulce hace estas consideraciones en una entrevista, recogida por Servimedia, que publica el número de enero-febrero de la revista “Escritura Pública”, que edita el Consejo General del Notariado.

Preguntado por cómo afectarán al Ministerio Público los recortes, el fiscal general sostiene que estas medidas restrictivas “van a tener trascendencia en el desenvolvimiento presente y futuro de la institución, con consecuencias que me temo van a ser de gran impacto”.

“Me preocupa sobremanera”, apunta, “la reducción del número de plazas de fiscales de nueva creación, que van a impedir la acomodación de las plantillas del Ministerio Fiscal al gran número de funciones y tareas que tienen asignadas, especialmente ante la perspectiva de tener que asumir la dirección de la investigación criminal en un futuro próximo”.

“TASAS RACIONALES”

Añade que “también es preocupante la reducción del gasto en el ámbito de la formación inicial y continuada y en otros como el relativo al personal colaborador -funcionarios adscritos a las fiscalías- y medios materiales disponibles en las oficinas fiscales”.

“La Fiscalía General del Estado”, concluye en este sentido, “hará el esfuerzo necesario para optimizar los recursos que nos sean asignados, pero mucho me temo que resultará inevitable una cierta merma de efectividad”.

Por otra parte sobre las tasas judiciales, Torres-Dulce manifiesta que “constituyen una medida legítima como medio de financiación de la Administración de Justicia, y como forma de racionalización del uso del servicio, siempre y cuando sean proporcionadas a los medios económicos del usuario”.

Añade que “el Gobierno debe ser especialmente cuidadoso a la hora de aquilatar las condiciones económicas del ciudadano que impetra la acción de la Justicia, con el fin de no exigir en ningún caso un desembolso económico imposible de sufragar por el interesado, pues en ese caso se pone en cuestión un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de nuestra Constitución”.

Insiste en que “unas tasas racionalmente planificadas, con una regulación que atienda a las circunstancias del ciudadano que desea acceder a la Justicia, pueden ser aceptables; el peligro radica en que, en determinados casos de escasez de recursos, puedan convertirse en un valladar insuperable para el interesado. Esta situación no debe producirse nunca”.