Jesús Lizcano, presidente de la sección española de TI, hizo esta reflexión al hilo del “caso Bárcenas” y los supuestos sobresueldos en el PP, pero remarcó que se trataba de una consideración general, ya que su entidad no entra a pronunciarse sobre casos de corrupción concretos.

Lizcano dijo a Servimedia que, de forma general, lo “higiénico” es que se produzcan dimisiones en los casos de corrupción cuando los jueces llevan adelante los procesamientos.

En su opinión, la renuncia de los políticos debe darse “no sólo por noticias, que puede que sean verdad, pero sería muy prematuro que dimita alguien” antes de que avance la investigación.

“Pero cuando se investigue”, añadió, “y haya procesamiento por corrupción, es un buen momento para dimitir o para apartarse temporalmente del cargo hasta que no se dilucide lo que ha ocurrido, que es como se hace en otros países”.

Insistió en que la dimisión de los políticos o su apartamiento temporal del cargo debe hacerse cuando hay una imputación judicial, “más que por la noticia de algún medio”.

Al mismo tiempo, Lizcano se ha referido en las últimas semanas a que el clima de corrupción “puede perjudicar la imagen de España para los potenciales inversores” y “también puede ser perjudicial para las empresas españolas que operan en otros países, porque otros puedan pensar que están contaminadas por sobornos, comisiones, negocios ilícitos, etc.”.

A juicio de este responsable de TI, aunque la “inmensa mayoría” de las empresas españolas no tiene ningún nexo con la corrupción, la crisis que vive España por este motivo “la tiene que resolver la clase política y el Parlamento, para que esto no vaya a más y no resulte perjudicial no sólo para el sistema, sino también para la economía”.

“Es muy importante que los partidos políticos se pongan las pilas y hagan algo”, por lo que insistió en el gesto que supondría que los partidos políticos se incluyeran en la Ley de Transparencia.