Según informó la Oficina del Defensor, esta institución tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para tomar una decisión sobre la conveniencia de interponer o no recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma.

No obstante, antes de que expire dicho plazo, la Defensora ha decidido formular estas recomendaciones a Gallardón para intentar que se modifique “sustancialmente” el sistema de tasas vigentes.

Soledad Becerril recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.

Asimismo, la Defensora propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las correspondientes a los procedimientos de ejecución hipotecaria; y las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.

Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.

En los últimos meses se han dirigido a la Institución del Defensor del Pueblo un elevado número de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, que han manifestado su disconformidad con esta ley y solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad.

La institución que dirige Soledad Becerril tiene la posibilidad de actuar como mediadora entre los ciudadanos y los poderes públicos y así ha decidido hacerlo en este caso. Una vez trasladadas estas recomendaciones, la Defensora confía “en la positiva recepción de las mismas por el Ministerio de Justicia y queda a la espera de su pronta respuesta”.