Alfons López Tena, como portavoz de la plataforma organizadora, aseguró que continúan con el proyecto sin estar "a la defensiva", aunque no descartan actuaciones de "mala fe" del Estado para abortar el referendum.

Como ejemplo de ese tipo de actuaciones, puso el ejemplo del celebrado en Arenys de Munt, que no fue recurrido a los tribunales por el Abogado del Estado hasta pasados tres meses de su convocatoria, y cuando ya faltaban pocos días para la consulta.

Fue en razón de la "extrema urgencia" que se imponía que el Abogado del Estado pidió a los tribunales que tomaran medidas cautelares, que en este caso se quieren evitar a toda costa.

Por ello, la organización ha tomado sus precauciones. No usarán como colegios electorales locales pertenecientes a la Administración pública, no trabajarán con ordenadores en red, ni usarán la red de Telefónica para sus comunicaciones informáticas. Todo ello, para evitar una labor saboteadora del Estado.

Con todo, López aseguró que en Osona reconocen la jurisdicción de los tribunales y que en caso de decisión contraria a la celebración de la consulta de un juez, el referendum no se convocará y la decisión judicial será recurrida.

Insistió en que su mayor interés es que se consulte a la ciudadanía, con independencia del resultado, aunque reconoce que según sea la participación y el recuento tendrá mayores o menores repercusiones políticas.

La idea es permitir cuantificar un debate soberanista que está en la calle y forzar a los partidos políticos a que se pronuncien claramente sobre la independencia de Cataluña.

En esta ocasión, la consulta se realizará en 34 municipios gracias a la labor de 1.787 voluntarios. Se prevé abrir 52 colegios electorales y 122 mesas en las que podrán votar todos los mayores de 16 años empadronados.

No se utilizarán el censo electoral ni el padrón, sino que los votantes tendrán que acreditar su identidad con el DNI o un certificado de empadronamiento y su número de la tarjeta sanitaria, en el caso de extranjeros. Ese número se introducirá en los ordenadores, sin consignar otros datos personales, y bloqueará el voto en caso de que alguien quiera votar dos veces.

Los archivos de votantes se destruirán al finalizar la jornada electoral. Los organizadores hacen hincapié en que ellos no se pronuncian sobre el sentido del voto y dejan esa labor a los partidos políticos.

Por el momento, CiU, ERC y la Candidatura de Unidad Popular, de ámbito local, hacen campaña por el sí. ICV promueve la participación pero no se pronuncia por una opción. Ciutadans, aboga por el no y tanto el PSC como el PP piden a sus simpatizantes que no vayan a votar.