La Ley de Memoria Histórica tiene como objetivo "cerrar heridas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la Guerra Civil o la represión de la Dictadura".

Para contribuir a satisfacer la demanda de las personas que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos y muertos, dicha ley señala que las administraciones elaborarán y pondrán a disposición de los interesados mapas en los que consten los terrenos en que se localicen restos, incluyendo toda la información complementaria.

Además, establece canales regulares y estandarizados para el traslado de la información al Ministerio de Justicia, con el objetivo de nutrir el mapa de todo el Estado y de logar una base de datos que incluya información sobre la ubicación, el tipo de fosa, las intervenciones realizadas, datos de las personas que se encuentran en ella o de los restos no identificados, así como de las fuentes de información y de la ubicación del expediente original.