Anged subraya en un comunicado que “este castigo fiscal” sobre el consumo de productos básicos “no sólo drena rentas y recursos de los hogares”. A su juicio, también lastra la competitividad de la distribución comercial, la industria, el turismo y la hostelería de Baleares.

Esta decisión, sostiene “añade un incremento injustificado de los costes indirectos de las empresas, en un momento económico extremadamente delicado” e impone un “entramado de cargas burocráticas (contabilidad, gestión, liquidación) que encarecen los costes de administración de los negocios. En tercer lugar, con este impuesto el Gobierno de Baleares se desmarca de los esfuerzos de la Administración central para garantizar la unidad de mercado, simplificar y reducir el coste de las cargas administrativas. De hecho, el tributo sitúa en una clara desventaja competitiva a las empresas de las islas frente a las que operan en otros territorios.

Esta patronal agrupa a 17 compañías de distribución y grandes superficies como AKi, Alcampo, Apple, Bricomart, C&A, Carrefour, Conforama, El Corte Inglés, Grupo Cortefiel, Grupo Eroski, FNAC, Hipercor, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Toys`R`Us y World Duty Free Group.