Tras la reunión, la diputada socialista Meritxell Batet explicó que el PSOE descarta la presentación de una enmienda a la totalidad del proyecto porque ha apreciado un talante negociador en el Gobierno y algunos elementos positivos.

Entre ellos destacó el establecimiento de un calendario y un procedimiento para avanzar en la tramitación de una ley que debería estar aprobada en el Congreso antes del verano.

Valoró de manera positiva que el Gobierno acepte la avocación a pleno para dar la oportunidad de un debate global sobre su contenido y que se haya acordado la comparecencia de instituciones, como los sindicatos, que en un principio no estaban afectadas por la ley. Los grupos han acordado que estas nuevas comparecencias no retrasen el trámite de presentación de enmiendas a la totalidad.

Si bien los socialistas ven el Ejecutivo “con ganas de pactar”, esperan “ver hasta donde alcanza su generosidad para acordar aspectos que no nos gustan”. En cualquier caso, las desavenencias actuales no motivarán la presentación de enmienda a la totalidad por parte del PSOE.

Batet valoró la futura incorporación a esta norma de la Casa Real , los sindicatos, las organizaciones empresariales y las entidades privadas que reciban ayudas públicas, por ejemplo, la Iglesia católica. También destacó la disposición del PP a incorporar un sistema de sanciones para penar el incumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las administraciones públicas.

Las discrepancias de los socialistas se centran en el diseño de la autoridad que tendrá que controlar a las administraciones. “No no hemos visto que (el Gobierno) esté al cien por cien predispuesto a garantizar una independencia orgánica” de ese organismo.

A su entender la independencia del controlador ese esencial para que los ciudadanos se crean esta ley. Según Batet, no basta con que su presidente sea nombrado por el Congreso, sino que debe ser “inamovible” o cuando menos tener mandatos que no coincidan con los cambios de legislatura y con motivos de cese “muy restrictivos”.

Se trata de establecer normas que den garantías de independencia y ese terreno, dijo, “el Gobierno tendrá que avanzar más si quiere nuestro apoyo”.

Los socialistas también reclaman mejoras del Título II de le Ley que se refiere al buen gobierno de las administraciones, al que quieren incorporar normas para que tengan que justificar su negativa a dar información o que respete de manera escrupulosa el reparto competencial, por ejemplo, suprimiendo la posibilidad de que el ministro de Hacienda pueda cesar alcaldes elegidos por sufragio.

En cuanto a la regulación de la Casa Real, los socialistas apuesta por que tenga el mismo trato que instituciones como el Congreso, el Senado o el Tribunal de Cuentas, que no son administración en sentido estricto, pero sin “mayores excepcionalidades”.

A su juicio, sería “conveniente” que los miembros de la Casa Real aclarasen tras la aprobación de esta ley “lo que tienen, lo que ganan y lo que declaran”, aunque no sería necesario que detallaran todos sus gastos.