En una resolución aprobada por el Consejo de la CMT el pasado 16 de mayo, el regulador esgrime los mismos argumentos que ha venido exponiendo ante otras peticiones similares que ha recibido de la mayoría de las ‘telecos’ desde que el Gobierno socialista impuso un canon a las televisiones privadas y a las teleoperadoras tras la supresión de la publicidad de TVE.

La CMT contesta a ONO que debe cumplir la aplicación de la norma (pagar el 0,9% de sus ingresos anuales) aunque ésta esté recurrida ante los tribunales europeos, y que mientras no haya un pronunciamiento judicial, no puede entrar en consideraciones sobre si la norma es inconstitucional o vulnera principios como el de igualdad.

ONO alegó que la tasa “impide de una manera libre el acceso al mercado de las comunicaciones electrónicas” y es discriminatoria porque no grava a los operadores cuyo ámbito geográfico de actuación en materia de comunicaciones electrónicas no exceda del propio de una comunidad autónoma, “sin que exista una razón objetiva que excluya de la imposición a los operadores de alcance meramente autonómico”, ni a operadores como los que prestan el servicio portador de difusión de las ondas terrestres, “precisamente cuando dicho servicio es el medio necesario para la difusión normal de la televisión y, en particular, para la difusión de la televisión en movilidad y la televisión digital terrestre, de pago o no”.