A juicio del organismo que aglutina la práctica totalidad de asociaciones y entidades del sector de la discapacidad en Navarra, en el denominado 'ResideN. Nuevo modelo de concierto para residencias de personas mayores' del Ejecutivo Foral prima el interés económico sobre la atención adecuada a las necesidades específicas de los usuarios.

En este sentido, el Cormin indica que se trata de "un paso atrás, un grave retroceso en los derechos" de las personas con discapacidad, al contemplar el ingreso de éstas en residencias ordinarias privadas para la tercera edad en las que no se garantiza la asistencia especializada que requieren.

Según asegura el comité navarro en una nota, el propio consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Iñigo Alli, presentó recientemente esta iniciativa asegurando que con ella pretenden "flexibilizar y mejorar la gestión de las plazas y facilitar su ocupación".

Este plan ya se ha puesto en marcha y, según informa el Cormin, "esta misma semana se ha ejecutado el traslado a geriátricos privados de dos personas atendidas hasta ahora en un centro especializado público".

Para el Cormin, el nuevo modelo de concierto no tiene otro objetivo que "asegurar la viabilidad económica" de las residencias privadas con el ingreso de nuevos usuarios. "No queda claro ni cómo ni en qué circunstancias específicas de provisión de apoyos y atención especializada se va a atender a las personas con discapacidad que sean internadas en residencias de tercera edad", incide el comité.

Asimismo, recuerda que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la necesidad de desarrollar estructuras especializadas en función de las diferentes causas de discapacidad para garantizar la asistencia adecuada, "algo que con este plan del Ejecutivo Foral se incumple gravemente".

Ante la preocupación del comité por el riesgo de que este nuevo modelo abra la puerta a un "ingreso masivo" de personas con discapacidad en geriátricos privados no dotados adecuadamente, plantea que las personas con discapacidad que requieren internamiento o los servicios de un centro de día “sean siempre atendidas en un centro especializado y permanezcan en él tras cumplir los 65 años si así lo desean".

Según indica, "únicamente serían derivadas a residencias de la tercera edad cuando circunstancias objetivas de integración familiar así lo aconsejen y siempre que el geriátrico proporcione los apoyos específicos necesarios".

Por último, hace un llamamiento al Departamento de Política Social para que reconsidere su decisión y le ofrece su colaboración en el diseño de "un marco adecuado para la atención de las personas con discapacidad, en el que se priorice la rehabilitación funcional y la promoción de la autonomía personal".