Según se recoge en el escrito de acusación de la organización WWF, el inculpado, un ganadero que tenía su rebaño en la dehesa boyal de Siruela, utilizó cebos envenenados con la idea de matar zorros u otras especies que pudieran atacar a su ganado.

En la finca se encontraron los cuerpos de tres alimoches, dos buitres negros, cuatro buitres leonados y otras aves rapaces, todas ellas especies protegidas.

El envenenamiento fue descubierto el 6 de marzo de 2010, cuando técnicos de la organización ecologista localizaron el cadáver de uno de los alimoches, llamado 'Atlas' y que era objeto de seguimiento por satélite dentro de un estudio sobre la migración de esta especie. El ejemplar fue envenenado en su viaje de regreso a España hacia su zona de cría y desde su lugar de invernada en África.

Los técnicos acudieron a Siruela alarmados porque el emisor de 'Atlas' daba señal de inmovilidad y lo encontraron junto al cadáver de un cordero, que había sido utilizado como cebo envenenado. Agentes de la Junta de Extremadura y del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) se personaron en el lugar de los hechos y encontraron el resto de ejemplares tras revisar la zona, muchos de ellos escondidos en los troncos de encinas huecas.

Al inspeccionar el vehículo del ganadero, el Seprona encontró un recipiente con el mismo tóxico que se había utilizado para envenenar a las aves.

El acusado, según establece el Código penal vigente, se expone a una pena que puede llegar a ser de cárcel y a indemnizar a la Junta de Extremadura en algo más de un millón de euros, valor de las especies envenenadas.