El Ministerio Público ha presentado esta mañana un escrito en el que pide a Gómez Bermúdez el sobreseimiento provisional de la causa “al no resultar debidamente justificada la perpetración de una infracción perseguida penalmente”.

El fiscal encargado del caso, Luis Barroso, descarta en su escrito que los activistas de Greenpeace hubiesen cometido un delito contra las altas instituciones del Estado. Fue la Policía Nacional la que decidió trasladar a los ocho detenidos a la Audiencia Nacional y no a los juzgados ordinarios al atribuirles el citado delito.

Esta figura penal, recogido en el artículo 493 del Código Penal, establece penas de entre tres y cinco años de prisión para aquellos que “invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos”.

El fiscal Barroso señala en primer lugar que “no consta que la intención de los activistas de Greenpeace fuera el invadir la sede del Congreso, al ocurrir los hechos en el exterior”. Tampoco consta que “la invasión fueran a producirse con fuerza, violencia o intimidación, ni que se haya alterado el normal funcionamiento de la sesión plenaria celebrada ese día en el Congreso de los Diputados”

Los activistas, según la Fiscalía, tampoco intentaron “penetrar en la sede del Congreso portando armas y otros instrumentos peligrosos”.

El fiscal descarta por lo tanto que la acción de los miembros de Greenpeace pueda encajar en ninguno de los tipos penales previstos para las acciones contra el Congreso de los Diputados. Concluye por lo tanto que “los hechos no son constitutivos de un delito contra las Instituciones del Estado”.

MEDIDAS CAUTELARES

Gómez Bermúdez decidió el pasado 9 de mayo dejar en libertad a los ochos activistas detenidos, aunque les impuso la obligación de comparecer mensualmente ante los juzgados. El fiscal, además del archivo, pide que se levanten a los activistas estas medidas cautelares.

Los detenidos participaron en la acción en la que tres de ellos se encaramaron a lo alto de la fachada principal del Congreso para desplegar una pancarta contra la modificación de la Ley de Costas, que fue aprobada ese mismo 9 de mayo. En la pancarta se podía leer “El PP vende nuestra costa”. Los otros cinco activistas arrestados, de forma paralela, desplegaron otra pancarta en la acera, frente a la Cámara Baja.

Después de interrogar y dejar en libertad a los ocho detenidos, el juez Gómez Bermúdez pidió al presidente del Congreso, Jesús Posada, que le informase de si la acción de protesta había alterado el funcionamiento de la Cámara Baja.

Posada remitió al juez el informe realizado por la Comisaría del Congreso, en el que señalaba que los activistas lograron acceder al recinto de la Cámara Baja gracias a “las obras que se están realizando en el complejo parlamentario” y explicaba que “detrás de la valla se han instalado varias estructuras metálicas, andamios y escaleras para acceder a la azotea”.

Los activistas utilizaron estas estructuras para “llegar al tejado” del Congreso y “uno de ellos intentó colgarse de la cornisa, desistiendo a los pocos segundos, persuadidos por los policías, que les impidieron utilizar sus equipos de escalada”.