El texto busca establecer un marco jurídico en la legislación española para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono, en condiciones seguras para las personas, las instalaciones y el medio ambiente, y con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático.

En un desayuno informativo en Servimedia, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, explicó recientemente que "el texto que salió a información pública" hace meses ha requerido "la introducción de más matices", por lo que "se ha ultimado una nueva versión donde queda mejor resuelto".

La intención del Gobierno era que el texto pasara por Consejo de Ministros “antes de fin de año", y enviarlo posteriormente a Consejo de Estado para que "entre enero y principios de febrero pueda remitirse a las Cortes".