Una vez reconocido el inmueble por los servicios técnicos, se valoraron los daños producidos. Dado que representaba un evidente peligro de derrumbe con riesgo para las personas, resultó necesario adoptar urgentemente las medidas necesarias para la demolición y rehabilitación del acuartelamiento, actuaciones que se adoptaron mediante una resolución del secretario de Estado de Seguridad, el 14 de agosto de 2009, declarando la emergencia de estas obras, por un importe de quince millones de euros, según informa el Gobierno.