La entidad sostiene que lo que ha de hacer el Ejecutivo regional es cumplir con lo que establece el propio artículo 8 del Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo de la Comunidad.

La federación recuerda a la Comunidad de Madrid que, pese a que la regulación del taxi es una competencia municipal, la Administración regional, según el citado decreto, también tiene como cometido vigilar, en última instancia, que las personas del colectivo disfruten de un servicio de taxi adaptado de calidad y adecuado a sus necesidades.

Y para que esto sea así, prosigue Famma, el Gobierno regional podrá emitir "informes vinculantes" en los que se recojan acciones concretas que poner en marcha, además de poder dar audiencia a las asociaciones representativas del sector del transporte en eurotaxi y a las asociaciones de consumidores y usuarios para estudiar y analizar sus demandas.

Por todo esto, Famma estima que "la Comunidad está dejando completamente de lado al colectivo de personas con discapacidad, sin tener en cuenta sus responsabilidades en esta materia, al no hacer nada para que, por ejemplo, se cumpla otro precepto recogido en el Real Decreto 1544/2007, de 24 de noviembre, en el que se indica que el cinco por ciento de las flotas de taxi tienen que ser accesibles antes de 2017".

Porque, afirma, "ni la Administración regional ni la local cuentan con plan alguno para que se cumpla este porcentaje", por lo que, a juicio de la federación, Madrid no podrá tener muy probablemente los casi 800 taxis adaptados que deberían estar en funcionamiento antes de que transcurran menos de cuatro años (ahora mismo se hallan en servicio en la ciudad 105).