La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja, con competencia legislativa plena, dio luz verde a esta norma, que se tramita en el Parlamento por vía de urgencia, a petición del Gobierno, lo cual fue criticado por todos los grupos de la oposición.

El proyecto de ley llegó a esta Comisión con 291 enmiendas vivas, después de que anteriormente se rechazaran las enmiendas a la totalidad del PSOE, CiU, La Izquierda Plural y el Grupo Mixto, y quedó aprobado tras una prolija y dilatada votación.

El portavoz del PP, Guillermo Colarte, afirmó que la ley “garantiza la máxima protección ambiental” e incorpora el reciente acuerdo “importantísimo” del trasvase Tajo-Segura, que evitará que “alguna gente lo pase muy mal sobre si va a tener o no agua”.

Por el contrario, la portavoz del PSOE, Laura Seara, señaló que la norma “da un paso letal atrás en la protección del medio ambiente” porque “pretende acortar los plazos en los expedientes” y “ya no prima lo de que quien contamina paga, sino al revés, es una ley de barra libre”, y denunció que el PP “autoriza el ‘fracking’” y ha introducido “por la puerta de atrás” el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura.

La portavoz de La Izquierda Plural, Laia Ortiz, también se mostró combativa contra el proyecto de ley y acusó a los diputados del PP de tener “una visión patrimonialista del agua” por el pacto del Tajo, al tiempo que aseguró que la norma será “un auténtico coladero para algunos proyectos, como si no hubiéramos aprendido la lección en uno de los países con los litorales más degradados”.

Toni Cantó, de UPyD, señaló que, con esta ley, “se ha perdido una grandísima oportunidad para el medio ambiente, que poco a poco se ha ido empobreciendo” y reprendió al PP con estas palabras: “No están protegiendo como es debido una de nuestras mayores fuentes de riqueza de nuestro país, que es el medio ambiente”.

Por su parte, Martí Barberà (CiU), Joseba Agirretxea (PNV), Joan Baldoví (Compromís) y María Olaia Fernández (BNG) coincidieron en señalar que el proyecto de ley aprobado invade algunas competencias autonómicas.

TRASVASE TAJO-SEGURA

El proyecto de Ley de Evaluación ambiental, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, tiene como objetivo “ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental” minimizando los impactos que pueden causar al entorno los planes, programas y proyectos que se lleven a cabo en toda España y puedan afectar significativamente al medio ambiente.

El Gobierno afirmó el pasado 30 de agosto, cuando aprobó esta ley para enviarla al Parlamento, que esta norma promoverá el desarrollo sostenible, generará unos 80.000 puestos de trabajo y supondrá un impacto de 1.000 millones de euros sobre la actividad económica.

Una de las novedades incluidas durante la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados es el acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura, que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanzó con los gobiernos de las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia).

En virtud de este pacto, se establecerán mensualmente los niveles mensuales de trasvase de agua desde los embalses de la cabecera del Tajo (en Entrepeñas y Buendía) hacia las cuencas del Segura y del Guadiana, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana).

Además, eleva a 400 hectómetros cúbicos (por los 240 actuales) el nivel de reserva de agua que puede ser trasvasada desde la cabecera del Tajo, cantidad de referencia que debe alcanzarse en un plazo máximo de cinco años, con escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos cada 1 de enero.

PELIGROSIDAD SÍSMICA, ‘FRACKING’ Y ‘BUNKERING’

Por otro lado, el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica “la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto”, para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural ‘Castor’, emplazado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y que causó más de 300 temblores en el golfo de Valencia el pasado mes de septiembre.

Además, obliga a que se sometan a un estudio de impacto ambiental los proyectos basados en “la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica”, conocidas también como ‘fracking’. Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.

Tipifica como infracción administrativa muy grave (con multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del ‘bunkering’ o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, “el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque”.