Gallardón se refirió a este asunto en el pleno del Senado, donde el parlamentario del PNV Iñaki Anasagasti preguntó “si el Gobierno piensa activar el trabajo de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos para convertirlo en un centro de la memoria reconciliada”.

A este respecto, el ministro dijo a Anasagasti que si de verdad pensaba “que los españoles entenderían que en estos momentos destinásemos 13 millones de euros a algo que la propia comisión nos dice que lo hagamos cuando haya recursos”.

El titular de Justicia explicó que la propia comisión de expertos que analizó el futuro del Valle de los Caídos dijo que los posibles cambios en este monumento, que podrían costar unos 13 millones, deberían afrontarse cuando fuese posible presupuestariamente.

Además, Gallardón dijo que el Gobierno cumple lo que la Ley de Memoria Histórica apunta sobre el lugar donde está enterrado Franco, en el sentido que hay que impedir que en esta basílica se lleven a cabo actos políticos o de exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura.

Además, el ministro señaló que ni para el PP ni para el Gobierno la muerte de Franco es “ninguna referencia”, algo que dijo parece que no sucede con el senador peneuvista. Además, el responsable de Justicia se refirió a que su padre estuvo en la cárcel durante el régimen anterior “por defender las libertades”. Añadió que su padre le enseñó que “nunca tuviese una mirada de rencor hacia el pasado, sino una mirada esperanzadora hacia el futuro”.

Por su parte, Anasagasti sostuvo que un “mínimo de dignidad política” obliga a transformar el Valle de los Caídos, porque es un lugar en el que se simboliza una “victoria militar” y donde está enterrado “un dictador que durante cuarenta años sojuzgó a este país”.