Aunque el Ejecutivo tenía previsto analizar el borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ha retrasado el primer paso de esta reforma que pretende establecer duras sanciones para quien insulte a un policía o acose el Congreso de los Diputados.

El Ministerio del Interior ha decidido postponer la presentación de los aspectos principales de la futura ley con el fin de tener más tiempo para perfilar algunos aspectos técnicos y mejorar detalles jurídicos.

De este modo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no cumplirá sus planes de presentar al Consejo de Ministros el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana.

La principal reforma que aprobará el Consejo de Ministros será el proyecto de Ley de Navegación Marítima que ha elaborado el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón.

Dará el visto bueno definitivo al proyecto de ley y lo enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Lo hace apenas una semana después de conocerse la sentencia del accidente marítimo del buque Prestige, que en noviembre de 2002 generó una catástrofe medioambiental en la costa de Galicia.

REGULAR EL TRÁFICO MARÍTIMO

Gallardón presentó hace un año el borrador del texto legislativo que ahora verá la luz y que pretende actualizar el régimen general sobre el tráfico marítimo para superar las contradicciones existentes entre los convenios internacionales vigentes en España y la normativa española.

El Gobierno aseguró entonces que el anteproyecto da respuesta a problemas muy diversos que se producen en este ámbito, ya sea para la mejor protección del patrimonio subacuático, la lucha contra la contaminación o la extranjería y la inmigración.

En lo relativo a los polizones, por ejemplo, refuerza la responsabilidad de los capitanes de buque tanto para impedir su connivencia en el embarque como para que se les proporcione un trato digno.

Las normas de derecho público del proyecto se inspiran en la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982 y suponen la formulación, por primera vez, en la legislación marítima española de una regulación básica muy completa y sistemática de policía administrativa.

El Ejecutivo considera que la nueva normativa permitirá una mejor intervención de la Administración en la defensa de la seguridad marítima y del salvamento de la vida humana en el mar, así como de los intereses medioambientales y costeros, debido a la especial relevancia cobrada por la seguridad de la navegación y la tutela del medio ambiente.