En una rueda de prensa en la sede de Ferraz tras reunirse con representantes de colectivos y sectores relacionados con la interrupción del embarazo, Rubalcaba calificó la reforma de la ley como "innecesaria", "hipócrita" y "clasista".

"Innecesaria" lo es, a su juicio, por haber disminuido los abortos con la normativa actual y no existir contestación social al respecto; "hipócrita", porque los abortos seguirán produciéndose, y "clasista", porque las mujeres que puedan permitírselo abortarán con seguridad en clínicas extranjeras y las que no lo harán en la clandestinidad con riesgo para su salud.

Rubalcaba anunció que el PSOE llevará al Parlamento iniciativas para que los grupos demuestren, con su voto, que el PP está solo en este empeño; que se aliará con los movimientos sociales y feministas para evidenciar que la mayoría ciudadana está contra la reforma del Gobierno, y que trasladará las protestas a la Eurocámara, que desde su punto de vista "tiene mucho que decir" al respecto.

El líder socialista consideró "justificados" los temores que albergaba el PSOE a tenor de las estadísticas de abortos del año pasado que se publicaron hoy, según las cuales 100.000 mujeres que interrumpieron su embarazo no podrían hacerlo con la nueva ley por no poder alegar sólo su libertad ni malformaciones del feto para hacerlo.

Rubalcaba señaló que todos los países europeos tienen leyes de plazos parecidas a la que aprobó el anterior Gobierno socialista, que, en su opinión, provocó el citado descenso de abortos por incluir, junto al respeto a la libertad de la mujer, aspectos relativos a la formación, la educación sexual, la prevención y la planificación familiar.

Ahora, continuó, aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se vanaglorie de despenalizar a las mujeres que aborten, éstas se verán obligadas a ir a los tribunales a acusar a quienes les han ayudado a interrumpir el embarazo, con la consiguiente "inseguridad" en que se verán los médicos y otros trabajadores sociales.

Para el PSOE, la exigencia "disuasoria" de dos informes médicos y otro de los servicios sociales que avalen la interrupción del embarazo constituye "una carrera de obstáculos imposible de salvar" para la mujer, y "está pensada para eso: para que no se pueda interrumpir el embarazo".

Y, sin embargo, cuando una mujer decide hacerlo "no hay Gobierno que le pueda convencer de lo contrario", puntualizó Rubalcaba, por lo que, si no puede viajar al extranjero, lo hará en la clandestinidad, con el riesgo para la salud o incluso la vida que implica ponerse en manos de alguien que no tiene titulación para practicar un aborto. "Es una tragedia cuyos riesgos el Gobierno tiene que evaluar", concluyó.

CLÍNICAS ABORTISTAS

Antes que Rubalcaba intervinieron en términos parecidos la presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, quien hizo también referencia a que el 90% de las mujeres que abortaron en España el año pasado tendrían que hacerlo en el extranjero o en la clandestinidad si hubiera estado en vigor la nueva ley que pretende instaurar el PP.

Criticó, además, que la ley obligue a las mujeres que quieran abortar a "someterse a un periplo médico, legal e ideológico de inciertos resultados", y a permitir que "su estado anímico sea observado por terceros". Simétricamente, denunció la "aberración" que supone para los psiquiatras verse "obligados a custodiar la moral de una minoría religiosa" y a diagnosticar afecciones psíquicas que se producen, precisamente, "cuando una mujer quiere abortar y se lo prohiben". Finalmente, denunció que los médicos como ella se expondrán a tres años de cárcel y seis de inhabilitación si sus informes "no se adecúan a la ideología política de quienes han hecho esta ley".

También intervino Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, quien, además de lo argumentado por los demás, recordó que Holanda, con una ley permisiva del aborto pero que también pone énfasis en la formación de los jóvenes, es uno de los países de Europa donde hay menos abortos. Para Besteiro, es "intolerable" que la reforma del PP, aunque "no se ha atrevido a prohibir el aborto", imponga "condiciones ten restrictivas" que lo hagan en la práctica, alejando a España del contexto europeo.

En el mismo sentido se pronunció Diego Fernández, de la Clinica Dator, quien deploró que la reforma de la ley prive a la mujer de su autonomía y la deje "tutelada por una persona ajena a su intimidad". Además, calificó la ley de "torpe" porque, según sus predicciones, no va a disminuir los abortos sino que "va a aumentar la tasa de sufrimiento de las mujeres que tenan que ir al aborto clandestino" y, si no, tendrán que someterse a una serie de análisis médicos que, aun en caso de ser favorables, retrasarán el aborto de tres a cuatro semanas, con el consiguiente riesgo para la salud de la madre.