El delegado de Seguridad y Emergencias del Consistorio, Enrique de Núñez, y el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Enrique Osorio, presentaron hoy los resultados de la campaña, que se desarrolló en mayo y junio de 2013, con participación de técnicos del Instituto Municipal de Consumo, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad y el Organismo Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid.

La inspección reveló que sólo tres de cada 10 establecimientos inspeccionados exhibían de manera adecuada los precios de los objetos, que uno de cada cinco mostraba publicidad o carteles que podían inducir a error al consumidor, que el 10% de los establecimientos que permiten recuperar los artículos entregados no facilitaban justificante que identifique claramente el producto depositado y que el 25,8% carecía de hojas de reclamaciones.

Para controlar los objetos de oro que se comercializan, los inspectores escogieron 103 artículos, de los que 53 presentaban alguna irregularidad como falta del punzón de origen, del punzón de garantía o de ambos, lo que supone en términos relativos un porcentaje de irregularidad del 51,5%.

OTRA CAMPAÑA EN 2014

El elevado nivel de irregularidades detectado, la colaboración de todas las entidades que han actuado en la campaña de 2013, y la especial protección que merecen los ciudadanos a quienes la crisis ha obligado a vender sus joyas, propician que la campaña se repita entre mayo y agosto de 2014, nuevamente en colaboración con la Comunidad de Madrid.

En 2013 también la Policía Municipal desarrolló un programa de control de los establecimientos que se anuncian como “Compro Oro” para comprobar el estado de la documentación administrativa municipal y verificar que todos los trabajadores estaban contratados y dados de alta en la Seguridad Social.

Se realizaron inspecciones en 29 establecimientos. De ellos, 15 tenían la licencia de instalación y funcionamiento concedida y todos sus trabajadores regularizados; dos presentaban la licencia municipal, pero no acreditaron tener a los trabajadores contratados; siete fueron denunciados por no presentar licencia municipal, y cinco no poseían licencia municipal ni contrato de los trabajadores que tenían trabajando en la vía pública.

Una actuación coordinada con la Inspección de Trabajo permitió constatar que 26 personas se encontraban repartiendo publicidad en situación laboral irregular, lo que provocó el inicio de las correspondientes acciones sancionadoras.