Así consta en un documento facilitado a la prensa, durante la comparecencia del ministro Miguel Ángel Moratinos en el Congreso, tras las críticas que ha recibido el Ejecutivo por poner dichas declaraciones en el comunicado que anunciaba el regreso a El Aaiún de Aminatou Haidar.

En el escrito, Exteriores hace siete puntualizaciones para aclarar que la "constatación" de que la ley marroquí se aplica en el Sahara Occidental supone, "simplemente", decir que "hoy" se aplica esta norma en dicho territorio y que es "evidente para cualquier persona que siga de cerca la cuestión del Sahara Occidental".

Además, el Ejecutivo subraya que España "no ha realizado ningún acto de reconocimiento de la soberanía de Marruecos", "ni tampoco ha realizado ninguna valoración jurídica sobre el hecho de que Marruecos ejerza de facto algún tipo de competencia sobre dicho territorio".

En otro de los puntos, el Gobierno destaca que su constatación es realizada "en conformidad con la posición de Naciones Unidas".

Para justificarse, copia el informe elaborado por la ONU en 2002, conocido como "informe Corell", en el que se dice que desde 1979 "Marruecos ha administrado el Territorio del Sahara Occidental por sí solo".

Acto seguido, señala que es "incuestionable" que Naciones Unidas tratan a Marruecos como un Administrador de facto del Sahara Occidental y que "por tanto su legislación se aplica en dicho territorio".

Por último, el texto recuerda que la afirmación no se hacía en "términos absolutos sino con caracter temporal" porque añade que así será "mientras se resuelve el contencioso", como decía el comunicado inicial.

En el séptimo y último punto, el Gobierno señala que "no puede entenderse" que la polémica afirmación se entienda "en ningún caso como un reconocimiento de soberanía ni de derecho alguno de Marruecos sobre el Sahara Occidental".