Estas tres organizaciones aseguran en un comunicado de prensa que “la Unión Europea no puede dar la espalda a tan graves violaciones de los derechos humanos en sus fronteras exteriores y debe poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar su respeto así como el acceso al procedimiento de protección internacional en las fronteras europeas”.

Además, solicitan en un comunicado al gobierno español el cese inmediato de cualquier práctica que pueda poner en peligro la vida de las personas y que impida su acceso a la protección internacional así como una completa e independiente investigación por parte de las autoridades españolas competentes.

El comunicado recuerda que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció en su comparecencia el uso de material antidisturbio (pelotas de goma y cartuchos de fogueo) como método “disuasorio”, al tiempo que confirmaba que 23 personas llegaron a la playa de El Tarajal de Ceuta donde fueron inmediatamente devueltas a las autoridades marroquíes . A su juicio las devoluciones estaban ajustadas a derecho, porque los inmigrantes no pasaron el cordón policial.

ECRE, Accem y CEAR cuestionan esta interpretación del ámbito territorial en el que es aplicable la legislación española y europea basada en un “concepto operativo de control de fronteras”. Las personas que acceden al territorio español deben ser tratadas conforme a la legislación española y europea de asilo y extranjería.

“Si se confirma que estas personas fueron devueltas a las autoridades marroquíes sin tener en consideración sus circunstancias individuales o sus necesidades de protección internacional, esto constituiría muy probablemente una violación del principio de no devolución establecido en la Convención para de Refugiados de 1951, de la normativa europea de migración y asilo y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que obligan a las autoridades españolas a garantizar el acceso a la protección internacional y a respetar el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de trato inhumano y/o degradante”, concluye el comunicado.