El Ministerio Público reclama asimismo al magistrado que dicte el procesamiento de los otros encausados, entre ellos el antiguo jefe de ETA David Pla y varios abogados que defendían habitualmente a los etarras detenidos, a los que se acusa de hacer de enlace entre la dirección de la organización terrorista y los miembros de la banda que se encontraban en prisión.

El fiscal encargado del caso, José Perals, ha recurrido en concreto la providencia con la que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional rechazó dictar el procesamiento de los imputados así como llevar el caso de Goyoaga al Supremo al entender que se debía esperar a que el CNI desclasificase “determinados documentos”. El juez, de hecho, había enviado el 27 de noviembre una exposición razonada al Ministerio de la Presidencia reclamando la desclasificación de los papeles de los servicios de inteligencia.

FRENTE DE ‘MAKOS’

La Fiscalía ya había reclamado el pasado mes de noviembre el procesamiento de los imputados y la elevación al Supremo de los indicios recabados contra Goyoaga. Los imputados en esta causa son Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Saioa Aguirre, Naia Zurriarrain, José Domingo Aizpurua, Juan María Jauregi, Julen Celarain y Nerea Redondo y el que fuera jefe político de ETA David Pla. Están acusados de un delito de integración en organización terrorista, otro delito terrorista de depósito de armas y explosivos y un delito de colaboración con organización terrorista

El fiscal Perals entiende que no acordar el procesamiento y la remisión de los indicios contra Goyoaga al Supremo a la espera de los documentos del CNI supondrían unas “dilaciones injustificadas” en el proceso.

El escrito remitido a Gómez Bermúdez explica además que los documentos de los servicios de inteligencia “no son verdaderos medios de prueba” ni se han practicado “en un procedimiento penal”.

Recuerda además que los documentos están sujetos a que el Gobierno decida desclasificarlos. “No puede hacerse depender la continuación de las actuaciones de tal decisión administrativa”, señala el representante del Ministerio Público, quien añade que en la causa ya hay pruebas suficientes.