Además, insta al Ejecutivo a adoptar las medidas oportunas para que se incremente su valor hasta alcanzar el 60% del salario medio neto estatal y se establezca un mecanismo automático para garantizar el mantenimiento futuro de su poder adquisitivo.

También aboga por impulsar un “gran pacto social” con sindicatos, organizaciones empresariales y el Gobierno para llevar a cabo las reformas necesarias para la implantación de un modelo similar al fondo de capitalización austriaco como alternativa al actual sistema de indemnizaciones por despido.

La propuesta de CiU también defiende que se recupere el diálogo social en materia de empleo y protección social, que se incrementen los recursos para políticas activas de empleo y que se apruebe “con la mayor celeridad posible, un plan de choque para el empleo”.

Por otro lado, demanda la implementación de la Garantía de Empleo Juvenil, medidas específicas de apoyo a la creación de empleo en las microempresas y resolver la situación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que pueda dar salida a los expedientes que tiene pendientes.

Asimismo, reclama que el Gobierno presente en el plazo de cuatro meses un proyecto de ley para la regularización de empleo en los servicios a las familias.

Modificar, una vez alcanzado un acuerdo en el seno del diálogo social y en el Pacto de Toledo, el incremento de las cotizaciones de empresas y trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, y de los trabajadores autónomos establecidas en el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Por último, insta al Ejecutivo a aprobar las disposiciones necesarias para recuperar el derecho a reponer las prestaciones por desempleo agotadas por los trabajadores afectados por ERE temporales; la creación de la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial; garantizar la financiación adecuada de las comunidades autónomas para las políticas activas de empleo en materia de discapacidad; y dar marcha atrás en las últimas subidas de cotizaciones aprobadas por el Gobierno en diciembre.