El PSOE fue uno de los grupos que llevó ese anteproyecto a sus propuestas de resolución para pedir la retirada del anteproyecto y no proseguir con la tramitación del texto aprobado por el Gobierno.

Pedía mantener la legislación de plazos “combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado, que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros”.

En su resolución, el PSOE reclamaba garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación”.

Los socialistas defendían en su texto la legislación vigente frente a una reforma que supone “un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y efectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias”.

Su propuesta contó con 144 votos a favor frente a 184 en contra y 3 abstenciones. También fue rechazada la de Izquierda Plural con una votación similar, 134 a favor, 181 en contra y 16 abstenciones.

Este grupo denunciaba la pretensión del Gobierno de “modificar de manera restrictiva” el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en vez de, en todo caso, aprovechar una reforma para “ampliar los derechos reconocidos”.

El BNG incluyó también esa petición en una propuesta de resolución más genérica, en la que reclamaba derogar varias leyes aprobadas esta legislatura. En uno de los puntos, pedía retirar un anteproyecto que “atenta contra los derechos de la mujer”.