En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría aseguró que en la proposición de ley aprobada ayer en la Cámara Baja se han incluido, en el trámite de enmiendas, “algunas de las puntualizaciones” que hicieron al respecto los fiscales de la Audiencia Nacional.

A este respecto, los representantes del Ministerio Público en la Audiencia enviaron el pasado 19 de marzo un escrito al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, en el que sostenían que la reforma de la justicia universal que se planteaba podía crear “espacios de impunidad” para perseguir “graves delitos” contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería.

Los fiscales destacaban que la aprobación de la reforma supondrá el archivo “de forma indiscriminada” de la práctica totalidad de procedimientos de justicia universal abiertos en la Audiencia, entre ellos el de genocidio por la represión en el Tíbet contra dos expresidentes chinos.

Además, los representantes del Ministerio Público estimaban que la persecución de otros delitos también se podría ver afectada, como el terrorismo; el tráfico de drogas; la trata de seres humanos, la piratería, prostitución y corrupción de menores; el uso de nuevas tecnologías (pornografía infantil o ciberdelincuencia); y secuestro de aeronaves.