Según lamentó el presidente de la asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, “de los proyectos que iniciaron su andadura hace 8 años, por cada megavatio instalado hay 4 que no han llegado a término”.

Por ello, pidió que “seamos coherentes con las obligaciones establecidas desde Europa y aplicar el principio de Interés Público Superior a los proyectos eólicos”. También criticó que “la tramitación administrativa es compleja y con criterios diferentes entre los diferentes organismos involucrados y contradictorios entre unas zonas y otras”.

Márquez hizo estas afirmaciones durante la presentación del Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España 2024, elaborado por Deloitte, que pone de manifiesto el peso estratégico de la eólica en la economía española.

Ese año, la energía eólica se confirmó como primera tecnología del sistema eléctrico, con una generación anual de 59.378 gigavatios hora (GWh) y una cobertura del 24% de la demanda.

La potencia instalada alcanzó los 31.679 megavatios (MW), tras incorporar 1.185 MW nuevos, lo que consolida a España como segundo país europeo por capacidad eólica acumulada.

El sector aportó 3.274 millones de euros al PIB (1.962 millones directos y 1.312 millones indirectos), equivalente al 0,25% del PIB nacional, y emplea a 37.070 profesionales, con un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior. Además, España se mantiene como cuarto exportador mundial de aerogeneradores, con un valor de las exportaciones de 1.953 millones de euros.

En términos energéticos, la eólica evitó la importación de 11,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo —valoradas en 2.829 millones de euros— y redujo 30,8 millones de toneladas las emisiones de CO2, contribuyendo de manera decisiva a los objetivos climáticos y de independencia energética.