PSOE e IU también votaron en contra de que las mociones presentadas por los otros dos grupos se tramitaran como de urgencia, cosa que sus respectivos ponentes, el delegado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, José Enrique Núñez, y el portavoz de UPyD, David Ortega, justificaron por la gravedad de los hechos del sábado y por que, ante ellos, el Consistorio no podía mirar para otro lado. “Habrá un antes y un después del 22 de marzo”, llegó a decir Núñez. PP y UPyD se apoyaron también recíprocamente la urgencia de las mociones.

Ambos grupos coincidieron en denunciar que el sábado se vulneraron derechos fundamentales de los servidores públicos de la Policía y el Samur que fueron agredidos (cuya labor agradecían y reconocían), de los ciudadanos que no pudieron circular libremente por las calles por la violencia de algunos manifestantes y de los comerciantes cuyos negocios fueron saboteados. Todo ello dejando claro que en ningún momento discutían el derecho constitucional de manifestarse.

La discrepancia se produjo porque el PP añadió un último párrafo a su moción en el que, como ya adelantó la alcaldesa, Ana Botella, tras la Junta de Gobierno de ayer, solicitaba a la Delegación del Gobierno que “se determinen una serie de espacios” que “deben ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones”, por su importancia para el transporte, su valor histórico o su afluencia turística.

Ortega pidió al PP que retirara ese párrafo. “Es un error, se equivocan, mezclan dos cosas que no se pueden mezclar”, advirtió a los populares, señalando la contradicción de que en el resto del texto defendieran derechos fundamentales y al final “ponen a los espacios por encima de las personas”. Sin embargo, Núñez se negó a retirarlo y UPyD pidió la votación por partes de la moción ‘popular’, para apoyar los primeros puntos y rechazar ese último.

PSOE E IU

Desde el PSOE, Pedro Pablo García-Rojo criticó que PP y sobre todo UPyD reclamaran un espíritu de declaración institucional cuando no habían tenido “ninguna intención” de consensuar el texto. A su juicio, ambos grupos habían presentado las mociones con la única intención de “ganar una baza política”.

Afirmó rotundamente el 'no' del PSOE a la “intolerable” violencia y su solidaridad con los agentes y ciudadanos afectados, pero se negó a lo que a su juicio era una criminalización de toda la manifestación, cuando los actos violentos “seguramente” habían sido obra de “elementos ajenos a la misma”, algo que no veía diferenciado en ninguna de las dos mociones.

En suma, los socialistas se sintieron “convocados a un elemento de confusión”, a una “hoguera de las vanidades” en la que tácitamente se cuestionaba el derecho de manifestación, que García-Rojo defendió “sin limitaciones”, es decir, rechazando implícitamente la pretensión del Gobierno municipal y el PP de restringirlo en determinadas vías públicas.

Además, detectan cierta descoordinación policial en la vigilancia del acto del sábado, por lo que el PSOE pidió la comparecencia del director general de Seguridad del Ayuntamiento y una reunión del Consejo de Seguridad Local.

En una línea muy similar, Milagros Hernández, de IU, expresó el rechazo de su grupo tanto a los “provocadores violentos” como a las mociones, y recriminó que el procedimiento de urgencia que habían elegido PP y UPyD entorpecía la posibilidad de un acuerdo. Lamentó la violencia sufrida por los policías y también por los manifestantes, pero abogó por esperar a que concluya la investigación de los hechos y a lo que tengan que decir observadores de los derechos humanos que estaban presentes.

Exigió que no se confundan la cosas y se aproveche para “ignorar las voces de miles de ciudadanos” y la descoordinación policial. Igualmente, afirmó que el derecho de manifestación ha de ser visible, en lo que pareció también una crítica a la pretensión del Ayuntamiento de relegar las concentraciones a sitios poco concurridos.