Homs expuso las conclusiones de este informe en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, expresando por un lado su "inquietud" ante el precedente que sienta el TC al "judicializar" una declaración política como la que aprobó el Parlamento catalán en enero de 2013, y por otro subrayando que la sentencia avala el "derecho a decidir" en términos teóricos y la capacidad de la Generalitat de impulsarlo.

Así, admitió que el derecho de autodeterminación no puede ejercerse, pero cree que una consulta sin efectos jurídicos sí que podría llevarse a cabo. Por tanto, considera que "queda en entredicho" el empeño del Gobierno español en arrogarse la capacidad de decretar "lo que se puede hacer y lo que no", puesto que muchas de las pretensiones del recurso que interpuso contra la Declaración "han quedado diluidas como un terrón de azúcar".

A preguntas de los periodistas, insistió en el compromiso del Ejecutivo autonómico con la fecha del 9 de noviembre y en que el proceso es "inexorable" y "no tiene vuelta atrás", y descartó que se vayan a cambiar las preguntas para hacerlas de acuerdo con lo admitido por el marco jurídico.