SEO/BirdLife presentó este viernes en una rueda de prensa en Madrid los resultados del cierre del proyecto Life+ Veneno, que concluyó el pasado 31 de marzo después de más de cuatro años de lucha contra esta práctica.

David de la Bodega, abogado y coordinador del proyecto, señaló que entre 2005 y 2010 se recogieron 4.395 ejemplares de distintas especies cuya muerte fue debida al uso de cebos envenenados, aunque la cifra real podría llegar a los 45.000 animales envenenados porque se calcula que apenas se encuentran entre un 7% y un 10%, lo cual da una media de unos 9.000 ejemplares al año. “Es una amenaza real que produce un daño silencioso”, apuntó.

En vista de estos datos, explicó que SEO/BirdLife solicitó llevar a cabo un proyecto Life+ para combatir la “gran impunidad con la que se comete este delito”, y esta iniciativa ha concluido después de actuar en 24 casos por la vía penal, de dictarse 8 sentencias condenatorias con penas como 1,5 años de cárcel, inhabilitación para la caza o indemnizaciones de 33.000 euros; formar a unos 500 agentes medioambientales, participar en labores de prevención e investigación del uso ilegal de productos fitosanitarios, reunir una red de 335 voluntarios y recibir más de 900 llamadas telefónicas, entre ellas casos de propietarios de perros y gatos en la ciudad.

“Poner veneno en el campo no es gratis. Es un delito contra la fauna que merece el mismo trato que cualquier otro delito recogido en el Código Penal”, apostilló, al tiempo que recalcó que el proyecto continuará a través del teléfono gratuito 900 713 182 y los voluntarios, para la recogida de productos fitosanitarios fuera de uso y comercio, el trabajo de campo con cazadores y ganaderos, solicitar reformas legales y actuaciones administrativas y luchar contra el envenenamiento de mascotas en núcleos urbanos.

COMPROMISO DE ARIAS CAÑETE

Por su parte, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, señaló que el proyecto Life+ Veneno ha contado con un presupuesto de 1,6 millones de euros, cofinanciado por la Comisión Europea (40%), la Fundación Biodiversidad (26%) y la Junta de Andalucía, el Gobierno de Cantabria y el Cabildo de Fuerteventura (34%).

Arias Cañete comentó que las 145 águilas imperiales encontradas muertas en los últimos años en España “pone los pelos de punta” ante “un problema real” que está tipificado como delito en el Código Penal desde 1995. “Además de una amenaza para la biodiversidad, puede afectar a la salud pública”, añadió.

El ministro destacó que, gracias a este proyecto, nueve comunidades autónomas tienen planes contra el veneno en los campos y el resto se han comprometido a aprobarlos. “Hay que seguir trabajando en la lucha contra este método nocivo para el medio ambiente”, indicó, antes de enfatizar el “compromiso firme” del Gobierno en impulsar la Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Envenenados en el Medio Natural.

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lanzó el mensaje claro de “no al veneno” para matar especies “dañinas” para sectores como la caza, la ganadería o la agricultura, así como para “resolver algunas rencillas entre propietarios y para presionar a la administración”.

“Es un método masivo, cruento y no selectivo que puede llegar a ser un serio y grave problema de salud pública”, recalcó, antes de mostrarse orgullosa de que el proyecto Life+ Veneno haya conseguido en los últimos años “sanciones ejemplarizantes, mejorar la vigilancia de los espacios de envenenamiento y ofrecer otras soluciones alternativas”, así como que “todas las comunidades autónomas se hayan comprometido, lo cual es un éxito rotundo”.

No obstante, Ruiz subrayó que “queda muchísimo por hacer” para que no mueran anualmente “miles de especies, algunas de ellas amenazadas”. “Hemos engrasado la bicicleta y ahora le toca a las administraciones pedalear para llegar a la meta. Queda que 10 comunidades autónomas aprueben sus planes, que los agentes de medio ambiente y del Seprona cuenten con mejores medios y que numerosos expedientes no se acumulen en las mesas de los despachos. Estaremos vigilantes hasta que el veneno deje de ser un problema”, concluyó.