En un encuentro sobre reestructuraciones financieras organizado por PwC, el subsecretario de Economía destacó la “buena aceptación” que ha tenido la norma y la “buena acogida” que ha tenido, en concreto, en el Parlamento.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso de los Diputados viene del real decreto con medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, que tiene como objetivo que empresas viables pero endeudadas no se vean abocadas al concurso de acreedores.

Temboury aseguró que la tramitación de la norma como proyecto de ley permitirá que “ahora podamos introducir modificaciones más ambiciosas” en la misma.

Entre los cambios que se podrían introducir, señaló el alto cargo de Economía, se encuentra que algunos aspectos de la norma, como el sistema de mayorías de arrastre, pueda aplicarse también en la fase concursal.

Además, abogó por “homogeneizar” el acuerdo extrajudicial de pagos y consideró “necesaria una revisión de la administración concursal”, ya que “presenta algunas ineficiencias”.

Por otra parte, dijo que hay que hacer “reflexiones” sobre los procesos de liquidación de empresas, para hacerlo lo “más ágilmente posible”.

En este sentido, Temboury recordó que la “voluntad del legislador es que las empresas, perduren, pervivan y subsistan” pero, si una empresa no es viable, hay que liquidarla en “plazos razonables”.

El subsecretario defendió la norma impulsada por el Gobierno pues hace frente a la problemática de que “hay numerosas empresas que son viables desde el punto de vista operativo, pero que están lastradas por la deuda".

La norma modifica algunos aspectos concretos de la Ley Concursal de 2003 e incluye medidas para facilitar la celebración de acuerdos de refinanciación, para potenciar los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos y para la conversión de deuda en capital.

Se introduce la posibilidad de alcanzar acuerdos de refinanciación con uno o más acreedores, siempre que mejoren la posición patrimonial del deudor y sin necesidad de contar con mayorías de pasivo.

En el caso de los acuerdos colectivos, el juez únicamente tendrá que comprobar la concurrencia de las mayorías exigidas y de los requisitos formales para acordar su homologación.

Los acuerdos, una vez homologados judicialmente, tampoco podrán ser objeto de rescisión posterior si la empresa llega a entrar en concurso de acreedores.

Por otra parte, quienes aporten “dinero fresco” a una empresa en situación preconcursal pasarán de tener una garantía por el 50% a tener toda la inversión la consideración de crédito contra la masa, lo que les pone por delante del resto de acreedores si la empresa va finalmente a concurso.

Esta norma modifica también el real decreto de régimen de las ofertas públicas de adquisición (OPA). En concreto, se exime de la obligación de lanzar una OPA y pedir dispensa a la CNMV si se llega al 30% del capital de una empresa cotizada cuando sea consecuencia directa de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente.