En un comunicado, la AUGC asegura que la decisión de la Audiencia Nacional es “un hecho lamentable”, derivado de la mala gestión del Ministerio del Interior.

Para la asociación, la celebración del aniversario del 23-F que realizó Tejero Díaz daña “significativamente” la imagen de la Guardia Civil y de los agentes, por lo que se deberían adoptar “medidas ejemplares contra quienes organizaron y participaron en él”.

Sin embargo, según se puede interpretar del auto de la Audiencia Nacional, el Ministerio del Interior no ha realizado “una defensa intensa del cese del teniente coronel”. En dicho auto se argumenta que no debería haber sido el ministro del Interior, sino el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien firmase el cese.

La AUGC considera que fue “una medida de cara a la opinión pública y resulta intolerable que no se reparase en qué autoridad del Ministerio del Interior era la competente, por lo que existe una clara responsabilidad política atribuible al ministro”.

Además, se han tratado de “minimizar las sanciones que deberían recaer contra los organizadores de tan reprochable acto”. “Un hecho que ha generado alarma social, ha desatado un escándalo público y que no puede quedar impune”, señala.

Por ello, AUGC reclama la apertura de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave contra Antonio Tejero Díaz, antes de que puedan prescribir los hechos. “Resulta inadmisible que el Ministerio del Interior trate de minimizar un acto que debería ser condenado con contundencia y sobre el que se deberían aplicar sanciones ejemplarizantes”, indica.

La asociación de guardias civiles señala que la restitución de Tejero Díaz “es un triunfo para todos aquellos que quieren hacer de la Guardia Civil una institución anacrónica”. Además, supone “un agravio comparativo contra todos aquellos guardias civiles que son cesados, sin que se tenga en cuenta la pérdida de retribución económica y el daño al entorno familiar”.

Concluye que estos hechos demuestran “una clara demostración de que el aparato jurídico-militar de la Guardia Civil no es igual para todos, ya que cuando se refiere a las asociaciones profesionales y los representantes legítimos de los agentes no se cometen este tipo de fallos”.