Así lo desvela una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a una muestra representativa de la población con edades comprendidas entre 25 y 79 años, que confirma el “excesivo esfuerzo” al que se enfrentan los ciudadanos a la hora de alquilar o adquirir una vivienda, tal y como precisó este miércoles en un comunicado.

Según la encuesta, el esfuerzo es mayor entre los más jóvenes, los encuestados de 25 a 44 años, entre los que hasta el 50% precisaron algún tipo de ayuda económica no bancaria.

Entre los de 60 a 79 años, el 31% necesitaron en algún momento la ayuda de algún familiar o amigo para afrontar la compra o el alquiler de una vivienda. De hecho, este grupo de población es, a su vez, el principal donante, ya que uno de cada dos facilitó ayuda a sus hijos con este mismo objetivo.

Por tipos de ayuda económica de familiares y amigos para acceder a la vivienda, los más habituales son el préstamo sin intereses (11%) y la donación de dinero (11%), en cuyo caso el importe ascendió a 26.000 euros de media entre los beneficiarios en los últimos cinco años.

OTRAS FÓRMULAS

Otras fórmulas de ayuda son el aval bancario (10%), así como la cesión temporal de una vivienda o con un alquiler reducido (8%).

“Los resultados de la encuesta ponen de relieve la falta de un parque de vivienda suficiente y asequible que sea capaz de asumir una demanda que no ha dejado de crecer en los últimos años y que lo seguirá haciendo”, según la organización, que pide un “compromiso de todas las administraciones” para la ejecución de un plan de vivienda “ambicioso” que contemple la construcción de nuevas casas y la movilización de las vacías, eliminando trabas burocráticas.

A su juicio, la oferta actual es “insuficiente frente a una demanda creciente”, con 258.000 hogares nuevos solo en 2025, y también en vivienda pública, donde frente a un déficit de 750.000 casas, en 2025 solo hubo 12.858 calificaciones definitivas de VPO.

A su vez, reclama seguridad jurídica sobre el derecho a la propiedad y al alquiler y compensaciones rápidas y automáticas (o medidas equivalentes) para propietarios afectados por demoras en la recuperación de la posesión de su vivienda en casos de impago u ocupación por personas vulnerables.

Además, mantener la vigilancia sobre posibles abusos en el alquiler, ante cobros indebidos, garantías excesivas, fianzas no devueltas sin justificación o incumplimientos del deber de conservación de la vivienda.