A lo largo de 2025 se realizaron cada semana en España una media de 2,5 millones de horas extra no pagadas, mientras el 47% de los trabajadores que realizaron horas extra no recibió ningún tipo de compensación, ni económica ni en tiempo de descanso.

Según el sindicato, a pesar de que las horas extra impagadas constituyen un “abuso estructural y una forma de explotación laboral”, no solo no se han corregido, sino que afectan a 441.000 trabajadores, quienes realizaron una media de 5,6 horas semanales sin recibir remuneración alguna ni cotización a la Seguridad Social.

Estas horas suponen un coste laboral no abonado de 141 euros semanales, lo que equivale a dejar de percibir 7.355 euros anuales entre salarios y cotizaciones. La práctica irregular de no abonar las horas extra supone un ahorro en costes laborales de un total de 3.243 millones de euros al año. Por otra parte, el volumen total de horas extra que no se han abonado equivale a la creación de 62.000 empleos a jornada completa.

Además de las horas extra declaradas, el sindicato alerta sobre la existencia de 928.000 asalariados que trabajan habitualmente más horas de las pactadas sin que conste su remuneración. De estos, más de 568.000 personas tienen jornadas pactadas de 40 horas pero trabajan habitualmente por encima de ese límite, lo que vulnera la legislación laboral vigente.

“En pleno debate sobre el absentismo para garantizar mayor presentismo en las empresas y queriendo actuar exclusivamente en las incapacidades temporales por enfermedad común, la patronal siempre obvia una práctica extendida en nuestro país: el alargamiento de la jornada sin contraprestación que deriva unos costes a las personas trabajadoras, a la Seguridad Social y al sistema tributario español”, denunció CCOO.

Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras, debido a las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud de la población; suponen también costes adicionales al sistema nacional de salud, provocados por las empresas que realizan estas prácticas ilegales.

En este sentido, acusó a la CEOE de obviar que el estrés laboral y agotamiento de las personas por largas jornadas laborales tienen consecuencias en la salud que afecta a miles de personas y suponen costes adicionales al sistema nacional de salud que las empresas que realizan estas prácticas ilegales provocan cada año.

Además, criticó el “retraso” que se está produciendo en la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas, que se demuestra “imprescindible para luchar contra este tipo de prácticas que tiene unos costes para las personas trabajadoras inasumibles y que requieren de mecanismos eficaces para acabar con esta práctica abusiva e ilegal de miles de empresas en nuestro país”.

El refuerzo del registro horario es la única pata de la ley de reducción del tiempo de trabajo que puede aprobar el Ministerio de Trabajo sin apoyo parlamentario, después de que la norma de acortamiento de la jornada de 40 a 37,5 horas semanales fracasara en el Congreso por el voto en contra de Junts, PP y Vox.

“Es imprescindible seguir avanzando en la reducción del tiempo de trabajo para mejorar las condiciones de vida de la población española, adaptando el reparto de los tiempos a las necesidades de nuestra sociedad, mayor cuidado de la salud, la salud mental en especial y a los cuidados, alcanzando las cuotas de corresponsabilidad entre hombres y mujeres para lograr la igualdad real y acabar con las brechas y discriminación de género muy extendidas en el mercado de trabajo y en la sociedad en general”, agregó CCOO.