Según el informe, estas cifras contrastan con la legislación laboral vigente, que facilta, subvenciona y premia la contratación de personas con determinadas minusvalías.

Es obligatorio, para las empresas que ocupen a más de 50 trabajadores fijos, emplear a un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por ciento de la plantilla.

De acuerdo con el mismo análisis, de la población total española, con un censo de 38.355.879 personas, casi tres millones estaban afectadas por alguna discapacidad, mientras que un millón se consideraba con minusvalías, lo que representa, en conjuto, un 10,5 por cien del total de población.

El estudio señala también que la presencia de los minusválidos es más abundante en las profesiones de conserjería, auxiliares administrativos y subalternos, entre otras actividades.

Los minusválidos más empleados son aquellos que tienen una minusvalía en miembros inferiores o superiores, y son contratados sobre todo por la Administración y en el sector servicios, un 33 por ciento y un 20 por ciento, respectivamente.

Andalucía es una de las comuniddes en las que ha descencido en los últimos años el número de personas con minusvalías que consiguieron trabajo.

Así, mientras en el año 1987 fueron 571 personas, en 1988 se contrataron a 404 minusválidos, en tanto que en 1990 sólo 382 de estas personas consiguieron un contrato.

Este trabajo de investigación, realizado por dos jóvenes economistas, Rafael Fuentes García y Esperanza Rodríguez López, ha partido del análisis de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, centrando el estudio enlos títulos dedicados a la rehabilitación y a la investigación laboral.